Así se pronunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde fue interpelado por esos sondeos, entre ellos el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ayer mostraba, entre otros datos, que un 76,9% de los españoles cree que la Justicia no es imparcial en casos que afectan a políticos.

Ante esto, el ministro señaló que respeta estos estudios pero hizo hincapié en que hay que analizarlos con "cautela", ya que reflejan un momento concreto. Así, acto seguido recordó que él ha criticado determinadas resoluciones judiciales, como la del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Ante casos como este, que dijo son "muy pocos" pero "incomprensibles y alejados del Derecho", mostró su "preocupación" porque "generan daño a la imagen de la Justicia". Algo que, incidió, estos estudios "ponen encima de la mesa como una realidad".

"La opinión de los ciudadanos que se refleja en esas encuestas, que tomamos con toda la cautela, tiene que ver con muy pocas resoluciones que resultan incomprensibles a ojos de la ciudadanía y por eso la ciudadanía emite esa opinión", dijo tajante para justificar esa imagen de desconfianza.

De este modo, tras reiterar que no comparte ciertas resoluciones y las critica en público, insistió en su confianza "absoluta" en el sistema judicial español, mostrando su convicción de que "el tiempo pondrá todo en su sitio".

ACUSACIÓN POPULAR

Tras esto, Bolaños aprovechó para hacer una reflexión sobre la "estrategia" de Vox y el PP de "judicializar la política" interponiendo querellas "todos los días" contra personas por ser "simplemente progresistas o familiares de progresistas". Algo esto que, remarcó, "está generando una presión enorme a la Justicia española y está afectando también a su buen nombre y prestigio".

Así, aprovechó para reiterar la necesidad de una de las medidas que se incluyen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como es la regulación de la acusación popular. Una norma, en tramitación parlamentaria, que dejaría fuera de esta a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. Además, marca los delitos en los que se puede ejercer esta acusación, entre ellos, los de corrupción, los delitos contra los derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal de partidos.

Como ya ha insistido en numerosas ocasiones, señaló que "urge" regular la acusación popular como fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal para así "evitar un uso espurio y antidemocrático" de la misma, "como hoy hacen las organizaciones ultras" o el PP con "técnicas ultraderechistas", sentenció.