Así lo manifestó Félix Bolaños en una rueda de prensa junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, en Venta del Pobre (Almería), durante la que recordó que el Gobierno ha requerido al Ayuntamiento de Jumilla la anulación de una moción para reformar el reglamento de usos de las instalaciones deportivas con el fin de prohibir su utilización para ciertos eventos religiosos, incluidas celebraciones musulmanas que tenían lugar hasta ahora.

Bolaños aseveró que dicha moción impulsada por PP y Vox es “claramente una vulneración del derecho fundamental a la libertad de culto, a la libertad religiosa que tiene una concreta comunidad en el municipio de Jumilla”.

Aunque emplazó a esperar la respuesta al requerimiento para adelantar posibles medidas o acciones legales desde el Gobierno, Bolaños aseveró que “los ciudadanos de nuestro país pueden estar seguros de que el Gobierno de España no va a permitir ninguna discriminación de nadie.”

Agregó que tampoco permitirá “que se vulnere la Constitución y un derecho fundamental de manera tan abierta como lo ha hecho o lo intenta hacer el Ayuntamiento de Jumilla”.

"ALGO HABITUAL"

Para el ministro, “no es noticia” porque en su opinión es ya habitual que “la ultraderecha, que Vox, intente fracturar la sociedad, intente discriminar a las personas por distintos motivos”. De igual forma, consideró “muy lamentable que el Partido Popular sea también protagonista, cooperador necesario en ese comportamiento excluyente, discriminatorio de Vox en Jumilla”.

Bolaños comentó que querrían que el PP fuera “una derecha europea, una derecha moderada, una derecha europeísta”, que actuara “conforme a los valores europeos y conforme a la Constitución”, pero lamentó que con episodios como el de Jumilla “nos hacen pensar que no lo es”.

En este sentido, insistió en que la decisión en Jumilla el Ejecutivo la va a parar “como paró también comportamientos anticonstitucionales y contrarios a los valores europeos en aquel momento contra las mujeres en Castilla y León, también en Murcia”.

Por ello, pidió no tener dudas sobre que el Gobierno actuará para paralizar “cualquier comportamiento anticonstitucional contrario a los valores europeos y que discrimine a la población por sus ideas, por su credo, por su condición sexual o por su sexo”.