Carrillo, que impartirá durante esta semana el curso magistral "Violencia, orden internacional y construcción de la paz en un mundo convulso" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, explicó que la acción del Goberno se basa en una imposición administrativa cuyo pago "depende de los depositos bancarios de la constructora y de sus filiales en España" y del "grado de cooperación del Gobierno sueco". Además, señaló que esta sanción "está sometida a la pregunta de hasta qué punto puede extraterritorialmente hacerse efectiva".

Sin embargo, el catedrático dijo que la acción civil, que emprendió la Junta de Andalucía contra Boliden por los mismos hechos, tiene más posibilidades de éxito que la vía administrativa defndida por el Ejecutivo, ya que, en caso de que la sentencia sea favorable a la Junta, "será homologable y ejecutable en Suecia".