La normativa europea regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales para el desempeño de sus funciones de manera que se proteja el derecho fundamental a la protección de datos.

España exige a los proveedores de alojamiento, a las plataformas en línea y a las empresas de alquiler de automóviles que recojan, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada accesible a las autoridades policiales.

Según Bruselas, estas disposiciones no cumplen la normativa porque las categorías de datos personales recogidos y almacenados son excesivas, debido a la variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y del GPS.

Además, considera que el acceso por parte de las autoridades policiales no se limita a fines específicos y explícitos, como exige la Directiva.

También cuestiona que las autoridades españolas conservan todos los datos recogidos durante tres años, período que la Comisión considera desproporcionado.

Por consiguiente, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias que le ha señalado. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado.