Medio ambiente
Bruselas abre la puerta a reducir la burocracia ambiental de las empresas
- Con un paquete ómnibus que simplifica la legislación sobre permisos, agricultores, emisiones industriales y sustancias peligrosas
- Ecologistas en Acción: "Golpe a la naturaleza y a la ciudadanía: la desregulación avanza sin freno en la UE"
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La Comisión Europea lanzó este miércoles un paquete de medidas para simplificar la legislación ambiental en materia de emisiones industriales, economía circular, evaluaciones ambientales y datos geoespaciales.
El Ejecutivo comunitario apunta que esos cambios, que inician su recorrido por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su aprobación definitiva, contribuirán a reducir la carga administrativa para las empresas y mantendrán al mismo tiempo los “ambiciosos objetivos” de la UE de proteger el medio ambiente y la salud humana.
Se trata de un paquete ‘ómnibus ambiental’, el octavo para simplificar las normas de la UE que ha presentado la actual Comisión Europea para hacer que la economía de la UE sea más competitiva y próspera con medidas para reducir al menos un 25% las cargas administrativas hasta finales de 2029.
El nuevo paquete consta de seis propuestas legislativas. Las simplificaciones propuestas incluyen cambios legislativos específicos después de que el Ejecutivo comunitario recibiera más de 190.000 propuestas en una consula pública desde el pasado julio.
Las propuestas agilizarán los procesos de obtención de permisos para todos los proyectos, en particular en sectores estratégicos, como proyectos digitales estratégicos, de materias primas críticas y la vivienda asequible.
Con ello, la Comisión Europea espera que las empresas ahorren 1.000 millones de euros al año, lo que eleva el ahorro administrativo anual derivado de las medidas ómnibus y otras iniciativas de simplificación presentadas a casi 11.000 millones de euros anuales.
Esa cifra se acerca al objetivo general de 37.500 millones de euros en ahorros anuales de costes administrativos para el final del mandato de la actual Comisión Europea, en 2029.
CINCO ÁREAS CLAVE
Una de las propuestas se refiere a evaluaciones ambientales simplificadas para la concesión de permisos. Así, los promotores de proyectos se beneficiarán de procedimientos simplificados y acelerados, como ventanillas únicas, digitalización y procedimientos más ágiles.
Otra alude a normas simplificadas de emisiones para la industria y los agricultores. Las empresas tendrán más flexibilidad bajo la Directiva de Emisiones Industriales a la hora de implementar sistemas de gestión ambiental. Por ejemplo, se eliminará el requisito de incluir planes de transformación, se otorgará más tiempo a los operadores para elaborar esos sistemas y no se pedirán auditorías independientes para ellos.
Además, los agricultores y los acuicultores estarán exentos de ciertas obligaciones de información, lo que aliviará la carga administrativa. Además, se simplificará el alcance de las actividades agrícolas y se reducirán las duplicaciones en las explotaciones ecológicas.
El tercer paquete se refiere a soluciones digitales más efectivas para sustancias peligrosas en productos, ya que el coste de la base de datos SCIP (Sustancias de Preocupación en Productos) sobre sustancias peligrosas en productos es elevado y sus funciones se sustituirán por soluciones digitales, como el Pasaporte Digital de Productos y la puesta en marcha del paquete ‘Una Sustancia, Una Evaluación’. Con ello, la Comisión propone modificar la Directiva Marco sobre Residuos para derogar la base de datos SCIP.
La cuarta propuesta afecta a la responsabilidad extendida del productor. La legislación vigente sobre baterías, envases, equipos electrónicos, plásticos de un solo uso y residuos exige que las empresas con sede en la UE designen un representante autorizado para cumplir con las obligaciones relacionadas con su responsabilidad ampliada del productor.
Así, las empresas deben establecer este sistema en todos los Estados miembro donde no estén establecidas y vendan productos. Esta obligación se suspenderá para los productores europeos mientras esté pendiente la racionalización de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en el marco de la Ley de Economía Circular.
La quinta se refiere reducirá los costes de cumplimiento normativo para las autoridades públicas y facilitará el acceso a conjuntos de datos geoespaciales de alto valor.
ENVASES, AGUA Y ECONOMÍA CIRCULAR
Para garantizar una transición fluida y oportuna del Reglamento sobre envases y residuos de envases, la Comisión Europea publicará una guía para proporcionar mayor claridad y una implementación armonizada sobre las cuestiones planteadas en la convocatoria de pruebas.
La Directiva Marco del Agua también se revisará y modificará en 2026. Con la próxima revisión de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, la Comisión también buscará mejorar la coherencia con el acervo de la UE en materia de agua dulce.
Además, la Ley de Economía Circular, prevista para 2026, establecerá normas más sencillas y armonizadas, y reducirá los costes para las actividades circulares transfronterizas.
"GRAVE RETROCESO"
Para Ecologistas en acción, el paquete ómnibus ambiental supone "un grave retroceso en normativas ambientales fundamentales para proteger la vida" y los cambios propuestos "solo favorecen a las grandes empresas y perjudican a las personas".
Esta organización apuntó que la propuesta de la Comisión Europea supone un "golpe a la naturaleza y a la ciudadanía" y que "la desregulación avanza sin freno en la UE" y consideró "particularmente alarmante" que la comisaria Jessika Roswall haya advertido de que es necesario evaluar si cumplen con los objetivos de las leyes de naturaleza y agua, lo cual "hace temer futuras propuestas de retroceso ambiental en las Directivas Hábitats y Aves, además de en la Directiva Marco de Agua".
“En tan solo unos meses se han retrasado normas clave, reducido presupuestos ambientales o retrasado la puesta en marcha de reglamentos como el de la deforestación importada, siempre en pro de las empresas y en contra del medio ambiente y las personas”, según Jaume Grau, responsable de Biodiversidad de Ecologistas en Acción.
Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, concluyó: “Este proceso de desmantelamiento de leyes ambientales está recibiendo una oposición sin precedentes por parte de la sociedad civil, pero avanza impunemente. Es urgente y necesaria una mayor ofensiva política y ciudadana para frenar este retroceso, que acabará con décadas de progreso. La lucha para frenar la crisis ecológica requiere de cambios transformadores y avances legislativos”.
(SERVIMEDIA)
10 Dic 2025
MGR/clc


