El Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) ha decidido atender la petición de prórroga que le ha dirigido el sector agrícola, y así se lo transmitido a las organizaciones profesionales que integran la confederación Copa-Cogeca, según informó este lunes la patronal española Asaja.

Hace tan solo seis meses, la Comisión consideraba “poco factible” aprobar un retraso de un año en la entrada en vigor de esta obligación. Sin embargo, la labor de lobby conjunta de Copa-Cogeca ha conseguido revertir esta postura, logrando que se introduzca una cláusula de flexibilidad que proporciona seguridad jurídica y margen de adaptación a los agricultores profesionales de toda la Unión Europea.

Ahora, Asaja exige al Gobierno de España que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027. No obstante, la organización reclama un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.

A juicio de Asaja, a día de hoy no todos los agricultores disponen de conexión a Internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad. Además, la organización recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.

La patronal celebra que se reduzca la incertidumbre sobre el sector poniendo en 'stand by' una "carga administrativa compleja e inasumible para las explotaciones (tipo de formato electrónico, plazos de comunicación de datos, etc.) que se debe evitar de cara a su futura implementación".

Por último, Asaja insta a las comunidades autónomas y a sus consejerías de Agricultura a presionar al Gobierno central para que haga oír la voz del campo español y defienda esta posición a nivel comunitario.