En concreto, España recibirá más de 10.000 millones de euros de transferencias adicionales a fondo perdido y hasta 83.000 millones de euros en préstamos de los programas 'Next Generation EU' y 'RePowerEU'. Ahora, una vez que Bruselas ha dado luz verde a la adenda, se abre un plazo de un mes para que el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea ratifique la decisión.

La Comisión Europea valoró de forma positiva el plan porque “permite hacer frente a los nuevos desafíos” del contexto internacional y energético, y supone “una respuesta adecuada y equilibrada a la situación económica y social”. En este sentido, Bruselas calcula la adenda “tiene potencial para aumentar el nivel del PIB de España entre un 2,7% y un 3,5% de aquí a 2025”, sin incluir de modo explícito el impacto positivo de las reformas estructurales.

Así, la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, celebró este "paso importante" para poder tener "un crecimiento más fuerte y también más sostenible en los próximos años". Por su parte, el presidente del Gobierno, señaló que se abre ahora una fase del "extraordinario proyecto de reindustrialización y modernización de la economía" española.

"El despliegue del Plan de Recuperación está siendo decisivo en el crecimiento y el cambio estructural de la economía española, favoreciendo el incremento de casi un 5% de la inversión, especialmente relacionada con la transición verde y digital, aumentando la productividad y competitividad de las empresas españolas, situando a España a la vanguardia en digitalización e impulsando la estabilidad en el empleo y el aumento de la ocupación en sectores de alto valor añadido", añadieron desde el Ministerio liderado por Nadia Calviño.

El análisis de la Comisión recoge nuevas medidas y la modificación de algunos hitos y objetivos, entre ellos, la implantación de peajes en las carreteras y autopistas del Estado. Este sistema de pago por uso estaba acordado en el plan inicial y se preveía que entrará en vigor en 2024. Sin embargo, el Gobierno propuso la sustitución de esta medida por más ayudas al transporte de mercancías, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2. Bruselas finalmente ha dado luz verde a esta modificación porque considera que "el nivel de ambición" de la reforma se mantiene "inalterado".

NUEVO CALENDARIO DE DESEMBOLSOS

Con la aprobación de la adenda y, por consiguiente, la puesta en marcha de la segunda fase del Plan de Recuperación, Bruselas y el Gobierno han actualizado el calendario de desembolsos, que incluye transferencias adicionales y préstamos, así como los hitos y objetivos asociados.

Con el nuevo calendario, España podrá recibir siete próximos desembolsos y una prefinanciación de unos 1.400 millones de euros asociada al capítulo REPowerEU. Con ello, podría recibir entre transferencias y préstamos hasta 25.600 millones de euros en 2024, otros 44.600 millones en 2025 y finalmente 44.300 millones en 2026.

Asimismo, se ha retrasado el cuarto desembolso de fondos para la segunda parte de este año. Este pago asciende a 10.000 millones y estaba previsto para este primer semestre, pero el cumplimiento de los hitos y objetivos asociado a él se vio trastocado por el adelanto electoral.

A su vez, la quinta trasferencia –de 7.000 millones– se realizará finalmente en el primer semestre de 2024, cuando España empezará a recibir los primeros fondos vinculados a la adenda.

59 NUEVAS MEDIDAS

Al margen del marco temporal, la revisión del Plan de Recuperación contempla 59 medidas que son nuevas o que se han modificado para ampliar la ambición de sus objetivos. Según la Comisión, las nuevas medidas tienen por objeto fortalecer el entorno empresarial español y atraer a trabajadores cualificados, mejorar la sostenibilidad del sector agrícola, fomentar la economía circular y luchar contra la desertificación, racionalizar los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de energías renovables, reforzar las normas en materia de ciberseguridad e impulsar la vivienda asequible.

Los nuevos hitos y objetivos se centran, "en gran medida", en la transición ecológica, ya que asigna el 40% de los fondos disponibles a medidas de apoyo a los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático. El nuevo plan abarca 30 nuevas medidas sobre la acción por el clima, con lo que la contribución ecológica total asciende a 65.000 millones de euros, frente a los 27.600 millones de euros del plan original.

Las reformas tienen por objeto facilitar la implantación de fuentes de energía renovables y racionalizar la tramitación de las solicitudes de autorización. Las siete nuevas inversiones se centran en el hidrógeno renovable, la cadena de valor de las energías renovables, las redes eléctricas y la descarbonización de la industria. La ampliación de la inversión apoyará el autoconsumo, el almacenamiento y las comunidades de energía.

Además, también se prevén grandes inversiones, estructuradas como instrumentos financieros, sistemas de subvenciones y de apoyo, que estimularán el transporte sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables, la descarbonización de la industria, la economía circular, la adaptación al cambio climático y el turismo sostenible. Otras inversiones sostendrán la gestión y la reutilización del agua, aumentando su eficiencia mediante la digitalización de las comunidades de regadío y de los procesos relacionados con la gestión del ciclo del agua de las ciudades.