El Gobierno notificó a la Comisión sus planes para compensar con ayudas directas a los agricultores de estas dos comunicades en una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados (más del 20% del territorio español), dañada con la destrucción de cultivos y medios de producción y afectada por ello por costes de funcionamiento más elevados.

Las ayudas cubren hasta el 100% de los costes subvencionables, incluidos los daños materiales y la pérdida de ingresos resultante de la destrucción total o parcial de productos o activos de producción agrícola.

El Ejecutivo comunitario considera que estos subsidios aprobados por el Gobierno central se ajustan justificadamente a la normativa de la UE sobre empleo de este tipo de ayudas para desastres naturales.

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, afirmó este lunes que "la agricultura desempeña un papel crucial en la economía y la sociedad de la UE. Con esta decisión, la Comisión demuestra una vez más que está dispuesta a autorizar rápidamente la ayuda a los agricultores afectados por catástrofes naturales. La frecuencia cada vez mayor de las catástrofes naturales, como las inundaciones, supone una amenaza importante para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, las medidas compensatorias son fundamentales para proteger el sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo".