La Empresa Común de Chips desarrollará, entre otras cosas, líneas piloto para las que la Comisión anunció ayer la primera convocatoria, dotada con 1 670 millones de euros de financiación de la UE, que se espera vayan acompañados de fondos de los Estados miembros hasta alcanzar los 3 300 millones de euros, a los que se añadirá financiación privada.

La Empresa Común de Chips será la principal ejecutora de la iniciativa Chips para Europa (presupuesto total previsto de 15 800 millones de euros hasta 2030). En concreto, tendrá que gestionar de aquí a 2030 casi 11 000 millones de euros.

La Empresa Común de Chips desarrollará una plataforma de diseño basada en la nube para las empresas de diseño en toda la UE, y creará una red de centros de competencia.

"La actividad de la Empresa Común de Chips refuerza el liderazgo tecnológico de Europa al facilitar la transferencia de conocimientos del laboratorio a la fábrica, reduciendo la brecha entre la investigación y la innovación y las actividades industriales, y al fomentar la comercialización de tecnologías innovadoras por parte de la industria europea, incluidas las pymes", señala Bruselas en la nota.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció por primera vez una estrategia europea común para el sector de los semiconductores en su discurso sobre el estado de la Unión de 2021. En febrero de 2022, la Comisión propuso la Ley Europea de Chips. En abril de 2023, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE alcanzaron un acuerdo político sobre la Ley de Chips. La Ley de Chips entró en vigor el 21 de septiembre de 2023 y, con ella, el Reglamento sobre la Empresa Común de Chips y el Consejo Europeo de Semiconductores.

Este jueves, celebró su primera reunión el Consejo Europeo de Semiconductores, que reúne a los Estados miembros para asesorar a la Comisión Europea sobre la aplicación coherente de la Ley Europea de Chips y la colaboración internacional en materia de semiconductores. Constituirá la plataforma clave para la coordinación entre la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas para abordar las cuestiones relacionadas con la resiliencia de la cadena de suministro y las posibles respuestas a las crisis.