Esta es una de las apreciaciones que realizó el Ejecutivo comunitario dentro del paquete de primavera del Semestre Europeo de 2026, con recomendaciones por Estados miembro, teniendo en cuenta el “entorno marcado por la incertidumbre geopolítica” actual.

El ciclo de 2026 del Semestre Europeo proporciona un marco analítico para determinar las futuras necesidades en términos de políticas y de inversión en una amplia gama de ámbitos, incluidos los destinados a reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales. En este contexto, el informe específico de 2026 sobre España analiza la evolución económica y social y evalúa en qué medida España ha aplicado el conjunto completo de recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo en 2025.

De cara al futuro, los Estados miembros que adopten medidas para reforzar la seguridad energética de Europa y acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles podrán solicitar una flexibilidad fiscal limitada en el marco de la actual cláusula de salvaguardia nacional para el gasto en defensa. A petición del Estado miembro, el ámbito de aplicación de la cláusula puede ampliarse para incluir medidas, adoptadas desde febrero de 2026, que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles importados y, de este modo, mejoren la seguridad y la resiliencia de Europa.

Dentro del límite máximo actual (1,5 % del PIB) para el gasto adicional en defensa en virtud de la cláusula de salvaguardia nacional, se aplicará específicamente a las medidas de resiliencia energética un límite máximo anual específico para el período 2026-2028 (0,3% del PIB) y un límite máximo acumulado (0,6% del PIB) durante ese mismo período.

PROPUESTAS

En el ámbito económico, las propuestas para España incluyen fomentar la productividad y la innovación a través de la reducción de la carga administrativa y la fragmentación normativa a nivel regional. Asimismo, aboga por facilitar la innovación empresarial y la expansión en sectores de alto valor añadido.

En materia fiscal, la Comisión recomienda reforzar la sostenibilidad presupuestaria y aumentar la eficiencia del gasto, aunque también se emplaza a subir la inversión en defensa.

Justamente, en el apartado fiscal es donde la Comisión avisa de que España emplea muchas reducciones de IVA y exenciones tributarias. Sobre el primer elemento, lamenta que el coste que supone la aplicación de un tipo reducido para turismo y hostelería, mientras que tiene un impacto muy limitado en la redistribución. También explica que los ingresos por impuestos al consumo siguen siendo inferiores, lo contrario de lo que sucede con los gravámenes al empleo, que han repuntado en los últimos años.

Por otro lado, el informe apremia a aumentar el parque de viviendas, en particular racionalizando los procesos de concesión de permisos, y aumentar la oferta de viviendas sociales y asequibles.

En cuanto a las reformas estructurales, el texto subraya la importancia de mejorar el rendimiento del sistema judicial, para lo cual sugiere garantizar una dotación de personal adecuada, una digitalización armonizada y la plena interoperabilidad a nivel regional. También insta a intensificar la coordinación en materia de resiliencia frente al cambio climático a escala nacional, regional y local, adaptando las infraestructuras críticas. En esta línea, propone invertir en almacenamiento de energía, redes transfronterizas y tecnologías de ahorro de agua, además de fomentar la descarbonización de la industria y la electrificación del transporte.

En el plano social, la Comisión hace hincapié en abordar la pobreza infantil, reducir la inadecuación de las capacidades, mejorar las capacidades básicas y combatir el abandono escolar prematuro. Pide también mejorar el acceso a la asistencia sanitaria ampliando la capacidad de la atención primaria y los cuidados de larga duración.

Por último, Bruselas reclama garantizar la continuidad de las reformas e inversiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y acelerar la aplicación de los programas de la política de cohesión.