Esa norma, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, fue aprobada en diciembre de 2020 y contribuye a mejorar la resiliencia hídrica en toda la UE y a alcanzar la ambición de contaminación cero en la Europa comunitaria.

Además de España, la Comisión Europea también expedientó a Bulgaria, Grecia, Países Bajos y Portugal por la misma razón.

La Directiva sobre el agua potable protege aún más la salud humana actualizando las normas de calidad hídrica al abordar contaminantes preocupantes, como los disruptores endocrinos y los microplásticos, y abogar por ofrecer agua del grifo más limpia.

También alude a las fugas de agua, ya que actualmente se pierde un 30% del agua potable durante su distribución en la UE, como promedio.

Los países comunitarios debían transponer la Directiva a sus legislaciones nacionales y cumplir sus disposiciones antes del 12 de enero de 2023.

En España, las deficiencias incluyen la reducción del ámbito de aplicación de la Directiva, la falta de disposiciones específicas sobre evaluaciones de riesgos en relación con el sistema de suministro de agua potable y la ausencia de disposiciones para una revisión periódica.

Por consiguiente, la Comisión envió una carta de emplazamiento a Bulgaria, Grecia, España, Países Bajos y Portugal, que disponen de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión Europea. De no recibir respuestas satisfactorias, el Ejecutivo comunitario podría emitir dictámenes motivados.