España cuenta con un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias detectadas por la Comisión y, en caso de no recibirse una respuesta satisfactoria, Bruselas podría optar por emitir un dictamen motivado.

Este emplazamiento responde a que los contribuyentes que residen en España pueden disfrutar de una reducción de hasta el 60% de la base imponible correspondiente a los ingresos que hayan obtenido, mientras que los no residentes no pueden acceder a esta deducción. La Comisión recordó que esta diferencia de trato fiscal supone una restricción a la libre circulación de capitales.

En su paquete de procedimientos de infracción, Bruselas recordó que ya avisó a España sobre esta cuestión el pasado 8 de marzo de 2019 y en este tiempo ha mantenido intercambios con el país al respecto. Sin embargo, no se han producido modificaciones legislativas para la eliminación de este “trato discriminatorio” y, además, se han introducido nuevas disposiciones en este régimen fiscal.

Con las modificaciones de 2025 de la legislación fiscal, solo los residentes se benefician de deducciones de entre el 20 y el 90% de la base imponible derivada del arrendamiento de viviendas, lo cual sigue discriminando a los no residentes.