La Ley de Inteligencia Artificial, que entró en vigor el 1 de agosto de 2024, dejó muchas áreas aún sin completar, con numerosos flecos y detalles que se tendrán que concretar en una fase posterior en Bruselas o a escala de los 27.

La normativa concede a la Comisión y a los países de la UE un plazo que finaliza el próximo 2 de agosto para decidir sobre varios asuntos clave, incluida la posibilidad de modificar qué sistemas de IA se pueden considerar como "de alto riesgo" y qué autoridades nacionales serán las responsables de hacer cumplir las normas europeas de IA.

El más importante de esos textos incluidos en la norma general, el Código de Buenas Prácticas para los modelos de IA de propósito general (GPAI, por sus siglas en inglés), vio la luz a principios de este mes, aunque provocó una oleada de peticiones para que la UE retrase la aplicación completa de la norma.

Por otro lado, otros textos previstos en la Ley aún no se han publicado y no hay una fecha concreta para ello.

PRÓXIMO SÁBADO

La Comisión Europea dispone hasta el próximo sábado para proporcionar a los proveedores de IA de alto riesgo en Europa las orientaciones detalladas sobre lo que deben hacer si se produce un problema grave con uno de sus sistemas, entre otros asuntos.

Es, además, la primera oportunidad que tiene Bruselas para replantearse qué sistemas de IA prohíbe la Ley o somete a sus normas más estrictas de escrutinio.

De momento, ninguno de esos textos se ha materializado, aunque no sólo Bruselas se retrasa en este farragoso proceso administrativo.

La Ley de IA traslada gran parte del esfuerzo para su aplicación a las autoridades nacionales, y aunque los socios del bloque sólo disponen hasta el próximo sábado para concretar las medidas, muchos no lo han hecho aún.

Los Veintisiete deben aprobar también normas detalladas sobre sanciones y otras medidas coercitivas para hacer cumplir la norma. Pero hacerlo parece difícil, más aún cuando todavía no se ha elegido a las autoridades de control nacionales que harán cumplir la legislación.

La norma para aplicar la Ley de Inteligencia Artificial en Alemania, por ejemplo, sigue su curso legislativo tras la caída del gobierno de la 'coalición semáforo' del excanciller Olaf Scholz en 2024.

Mientras tanto, el organismo de control de Irlanda (Enforce), una unidad del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles centrada en las grandes tecnologías, advirtió a principios de mes de la falta de supervisión y de varias deficiencias para hacer cumplir la Ley de IA en el país.