Miguel Carmona, portavoz de la JpD, afirmó hoy a Servimedia de que tal decisión "vulnera todas las reglas del derecho internacional".

En su opinión, la aplicación de esta medida en España, "en esas circunstancias, sería calificada técnicamente de asesinato. En España tenemos el grado de higiene política suficiente para poderlo juzgar como asesinat".

"Yo me siento orgullo de vivir en un país en el que por esos hechos se seguiría un proceso penal y así se ha hecho en casos similares", manifestó Carmona.

Por su parte, el portavoz de la APM, José Manuel Suárez, afirmó que, "por principio, somos absolutamente contrarios a la aplicación de la pena de muerte ni tan siquiera ante un tribunal; por lo tanto, mucho menos sin que haya una decisión judicial previa al respecto".

Según Suárez, "el derecho a la vida es inalienable, está en primer luar en todas las declaraciones de derechos fundamentales. La pena de muerte no se puede aplicar ni tan siquiera en supuestos de juicios seguidos ante tribunales competentes".

Suárez explicó que el único supuesto en el que las leyes internacionales autorizan la pena de muerte es en el caso de guerra.