Así lo aseveró Bustinduy en un mensaje publicado en sus redes sociales después de que el presidente de ALA, Javier Gándara, le instara a que cese en su lucha contra el cobro del equipaje de mano a raíz del expediente abierto por la Comisión Europea a España contra su sanción de 179 millones de euros a cinco compañías por llevar a cabo, entre otras, esta práctica que considera "abusiva".

“Lo que la patronal de las aerolíneas llama 'enrocamiento' no es otra cosa que cumplir mi deber”, afirmó Bustinduy, al tiempo que reiteró que Consumo “va a defender a los consumidores donde haga falta y frente a quien haga falta”. Y ello, “por muy poderosos que sean, por mucho que insulten”. “Y no sólo eso: es que además les vamos a ganar”, sentenció.

Hace unas horas, el ministro se hizo eco también en sus redes sociales de una noticia publicada por el diario 'Ideal' según la cual el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Granada ha condenado a Ryanair a devolver a un granadino residente en Polonia los 66 euros, más los intereses correspondientes, que le cobró el 9 de agosto de 2024 por subir a un avión con una maleta de cabina en un trayecto de Polonia a Málaga.

“Mientras las aerolíneas se dedican a hacer lobby en los pasillos de Bruselas, seguimos acumulando victorias en defensa de los consumidores. Tienen mucho poder, pero les vamos a ganar”, apostilló Bustinduy.

BRUSELAS

Tras el expediente abierto por Bruselas, el pasado miércoles el titular de Consumo puntualizó que la práctica “abusiva” de cobrar por las maletas de mano “supone un conflicto claro entre los intereses de la gran industria de las aerolíneas en Europa y los derechos de los consumidores”.

A este respecto, dijo ver “lamentable” que la Comisión Europea “haya decidido posicionarse abiertamente como el abogado defensor de este puñado de grandes multinacionales que se están lucrando a costa de los derechos de los consumidores”.

“La Comisión Europea ha decidido desoír todas las explicaciones que aportó el Ministerio de Consumo y desoír también, lo que es aún más grave, a las organizaciones de consumidores europeos, con los que ni siquiera se ha reunido”, criticó, al tiempo que denunció que también “ha desoído la posición del Parlamento Europeo, que es contraria a los postulados que está defendiendo la Comisión en este caso”.

RYANAIR

En paralelo, lamentó que, “además, está haciendo lo que ya había anunciado el señor O’Leary, el CEO de Ryanair, este verano”, quien, recordó Bustinduy, “públicamente manifestó, desveló, que esta iba a ser la posición que iba a adoptar la Comisión Europea”. “Cuando yo tuve ocasión de reunirme, por fin, tras meses de solicitar esa reunión, con el comisario de Transportes, lo que me encontré fue, básicamente, el argumentario de Ryanair”, subrayó.

Por todo ello, estimó que “no es sorprendente esta posición” de Bruselas, aunque, a su entender, “sí es lamentable”. “Sí es lamentable que la Comisión decida interferir e intervenir de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores europeos, a los que ni siquiera ha escuchado y que han iniciado en 13 países europeos acciones para seguir la línea del Ministerio de Consumo y defender los derechos de los consumidores en esta materia”, abundó.

En este sentido, reconoció que, “desde el principio”, su gabinete sabía que se trata de “un ámbito en el que hay poderosísimos intereses en juego y que las grandes empresas y las grandes multinacionales se mueven muy bien en los pasillos y haciendo lobby con las grandes instituciones”.

No obstante, adelantó que, “con total normalidad, con total serenidad”, el Ministerio de Consumo va a “cumplir” con su “obligación”, que es la de “defender los derechos de los consumidores en España, no los intereses y los beneficios de un puñado de grandes empresas”.

TJUE

“Así que iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a defender con todo rigor nuestra posición, que está basada precisamente en una sentencia del año 2014 de ese mismo tribunal, que está basada en la ley española y, por tanto, vamos a defender las veces que haga falta y ante quien haga falta que primen los derechos de los consumidores y el interés general sobre el lucro y el beneficio desmedido de un puñado de grandes multinacionales”, manifestó entonces.

Para el ministro, “es lamentable que, en este contexto geopolítico, además, hayamos visto a la Comisión Europea ser tan débil y tan blandita con los poderosos y que, sin embargo, no duden en intervenir e interferir en un proceso judicial en curso para blindar y para intentar proteger los intereses de unos pocos”.

“Así que, desde luego, nuestra postura no va a cambiar, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias y, mientras en España haya un Ministerio de Consumo que tenga las prioridades bien claras, no vamos a ceder en la defensa del interés general y de los derechos de los consumidores frente al lucro de las grandes multinacionales”, resolvió.

COMISARIO DE TRANSPORTES

En la misma línea, fuentes del ministerio confirmaron que el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha sido quien ha propuesto la apertura de este expediente al considerar que estas sanciones entran en conflicto con la libertad tarifaria de la Unión Europea y que dicho expediente consiste en un procedimiento “formal y habitual” que la Comisión Europea pone en marcha con todos los países miembro cuando cree que se produce una “discrepancia entre el procedimiento de un Estado o una legislación nacional y la normativa comunitaria”.

Ante este expediente, el Gobierno de España tiene ahora un plazo de dos meses para dar una respuesta a la solicitud de información de la Comisión y, después, el procedimiento podría pasar al TJUE, que será el que finalmente lo resuelva, pudiendo desestimar la demanda de la Comisión si considera que no tiene base, o instar a España a cambiar su legislación.

Las mismas fuentes explicaron que, “en cualquier caso, este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas low cost por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial, cuatro de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra en la Audiencia Nacional” e hicieron hincapié en que la Comisión Europea “no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE”.