Vivienda

Bustinduy advierte de que "quien busque lucrarse sorteando la ley, a costa de los consumidores y los ciudadanos, lo va a pagar caro"

- Hace un llamamiento al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, para que los gobiernos populares apliquen la Ley de Vivienda

MADRID
SERVIMEDIA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, garantizó este viernes que su departamento "actuará con toda contundencia" ante "cualquier forma de abuso o de fraude" en los anuncios inmobiliarios y advirtió que "quien busque lucrarse sorteando la ley, a costa de los consumidores y los ciudadanos, lo va a pagar caro".

Consumo informó este viernes de que ha abierto una investigación que busca "perseguir y eliminar" los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.

Tras este anuncio, el ministro explicó en una rueda de prensa que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que impulsó el Ministerio de Consumo, ha reforzado las obligaciones de transparencia e información con los consumidores y, ese sentido, advirtió que desde su departamento harán "valer los derechos de la ciudadanía, los derechos de consumidores y consumidoras frente a cualquier forma de abuso o de fraude". "Y si podemos probar la existencia de prácticas engañosas o desleales con los consumidores, el Ministerio de Consumo actuará con toda contundencia", aseveró.

"Es lo que hicimos en el caso de las aerolíneas 'low cost', es lo que hemos hecho con operadoras de juego 'online', también con grandes plataformas de comercio electrónico, en el caso, por ejemplo, de las falsas rebajas", añadió.

Bustinduy recordó también la "sanción histórica de 64 millones de euros a la multinacional Airbnb" y, en este sentido, señaló que "quien busque lucrarse sorteando la ley, a costa de los consumidores y los ciudadanos lo va a pagar caro". "El Ministerio de Consumo, en el ámbito de sus competencias, va a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley. Y esto es algo especialmente importante en lo que refiere a la protección de los inquilinos e inquilinas", incidió.

LLAMAMIENTO AL PP

El ministro también hizo un llamamiento al Partido Popular, "que es quien ostenta un gran número de gobiernos en las comunidades autónomas y los ayuntamientos de este país y que a día de hoy siguen negándose a aplicar la ley de vivienda".

Bustinduy defendió la efectividad de la norma y la declaración de zonas tensionadas. "El precio del alquiler en la ciudad de Barcelona ha bajado un 5% desde que se declaró como zona tensionada. Mientras tanto, en la ciudad de Madrid, el precio del alquiler ha subido un 10% solo en el último año. Si los alquileres no bajan en las grandes ciudades donde gobierna el Partido Popular, es porque el señor Feijóo lo avala", afirmó.

"Lo que están haciendo, negándose a topar los precios de la vivienda en las zonas tensionadas, es avalar el negocio y los intereses y los beneficios de una minoría exactamente igual que protegen la especulación de los fondos buitre, exactamente igual que protegen el negocio de los pisos turísticos ilegales", criticó.

En la misma línea, volvió a defender la propuesta de Sumar de aprobar una prórroga automática de los alquileres con una única subida del IPC frente a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar el IRPF a los caseros.

RÉGIMEN SANCIONADOR

El titular de Consumo también advirtió que su objetivo es proteger a los inquilinos y consumidores, y, en concreto en relación a los anuncios en los portales inmobiliarios, "identificar, perseguir y eliminar" los anuncios que no cumplan con la Ley de Atención a la Clientela.

El ministro recordó que "en el caso en el que no se se produjera esa eliminación (de los anuncios que no cumplan con la norma) estaríamos en un escenario en el que las actuaciones del Ministerio podrían eventualmente derivar, según en lo previsto por un régimen sancionador que prevé distintas multas en función de la gravedad de las causas que se puedan demostrar y en último caso penalizaciones, sanciones que pueden alcanzar de cuatro a seis veces el beneficio ilícito obtenido".

"Es decir, que es un régimen sancionador que prevé la posibilidad de sanciones muy contundentes y también fue el caso de las aerolíneas 'low cost' con algunas sanciones que que excedieron los 100 millones de euros", indicó.

(SERVIMEDIA)
16 Ene 2026
MAG/gja