Así lo aseveró en declaraciones a los medios de comunicación previas a su participación en un evento en el que se darán a conocer resultados de las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Agenda 2030 y la Red Española para el Desarrollo Sostenible durante los últimos cuatro años.

En concreto, las compañías aéreas sancionadas son Ryanair, multada con 107.775.777 euros; Vueling, con 39.264.412 euros; Easyjet, con 29.094.441 euros; Norgewian, con 1.610.001 euros y Volotea, con 1.189.000,99 euros y el titular de Consumo puntualizó que han sido multadas por llevar a cabo una serie de prácticas consideradas abusivas que incluyen el cobro del equipaje de mano en cabina, la selección de asiento para sentarse al lado de niños, niñas o personas dependientes, una política de “opacidad” en los precios que se trasladan a los consumidores o el coste de reimpresión de una tarjeta de embarque.

“Son prácticas que, desgraciadamente, millones de personas conocen en primera persona y que las asociaciones de consumidores vienen denunciando desde hace años”, agregó Bustinduy, al tiempo que indicó que ya en 2014 la justicia Europea estableció, por ejemplo, que las compañías aéreas están obligadas a trasportar el equipaje de mano de manera gratuita.

En este sentido, reivindicó que lo que ha hecho su gabinete al imponer estas sanciones es “enviar un mensaje muy claro y es que ninguna compañía, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley, que no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas”.

“Y es obligación de este Ministerio velar por la defensa de los derechos de los consumidores, es lo que estamos haciendo, es lo que hemos hecho al imponer estas sanciones y es lo que vamos a seguir haciendo en todas nuestras actuaciones”, apostilló, convencido de que “ninguna compañía puede estar por encima de la ley y no se puede tolerar que haya modelos de negocios basados en prácticas abusivas con los derechos de las personas consumidoras”.

En relación a la respuesta de las aerolíneas “concernidas”, que consideran “ilegal” la medida adoptada, Bustinduy aseguró que, “como no podría ser de otra manera, tienen todo el derecho, les asiste el derecho a recurrir esta multa ante los tribunales y esgrimir las razones que consideren oportunas, como así ha sido a lo largo de todas las etapas de este proceso”.

“Yo me limito a reiterar este mensaje: ya en 2014 el TJUE estableció la obligación para las compañías aéreas de transportar el equipaje de mano sin que eso incurra en un sobrecoste para los viajeros”, reiteró, al tiempo que defendió que “lo que está haciendo el Ministerio de Consumo es aplicar la ley y es aplicar la ley en defensa de los derechos de los consumidores”.

Tras hacer hincapié en que eso es lo que está “haciendo” y lo que va a “seguir haciendo” su departamento, admitió que, “por supuesto, las compañías tienen el derecho de recurrirlo ante las instancias judiciales, como no podría ser de otra manera en un Estado de Derecho”. “Pero el Ministerio de Consumo defiende claramente su postura basada en la legalidad vigente y en los derechos de las personas consumidoras”, continuó.

En este contexto, señaló que las compañías aéreas tienen ahora un plazo de dos meses para poder presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. “Si lo estiman conveniente, así lo harán y, por tanto, será la justicia la que dirima en el caso de que presenten ese recurso la resolución que decidan adoptar”, manifestó, para confirmar que, en todo caso, la sanción que impone su ministerio hoy “es firme” e incluye la prohibición de “seguir incurriendo” en estas prácticas que su cartera considera, “con arreglo de la legalidad vigente, que son abusivas y que lesionan los derechos de consumidores y consumidoras”.

RESTO DE INVESTIGACIONES

En paralelo, Bustinduy recordó que su gabinete tiene “en curso” una serie de actuaciones que abarcan “específicamente” la situación de la vivienda en España, de los pisos turísticos y del cobro de comisiones “irregulares” a inquilinos, algo que, subrayó, “prohíbe” la Ley de Vivienda; también en el sector de la alimentación, en el sector del comercio electrónico, con iniciativas relacionadas con la política de falsas rebajas que siguen “muchos” portales.

Asimismo, indicó que el ministerio ha emitido una circular sobre el cobro de cargos extraordinarios en la venta de entradas y que “hay toda otra serie de actuaciones” en las que va a aplicar “exactamente el mismo principio”. “Vamos a defender los derechos de los consumidores, porque no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de las personas consumidoras”, sentenció.

“Y, por poderosas o grandes que sean las empresas que operan en nuestro país, están obligadas a cumplir con la legalidad y están obligadas a respetar los derechos de las personas consumidoras, así que eso es lo que vamos a seguir haciendo”, resolvió.