Así lo precisó Bustinduy durante su intervención en el acto ‘De la evidencia a la acción: regular la publicidad de los alimentos no saludables’, en la que avanzó que dicha propuesta, “de nuevo, se va a basar en la evidencia acumulada”.

Y ello, teniendo en cuenta que, según los datos del Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y realizado por Shopperview, que se presentó en el marco del acto, “un 80% de la población en España, ocho de cada diez personas, consideran que se debería prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores de edad”.

“Y resulta que, hoy en día, en nuestro país, cada niño y niña es bombardeado con más de 4.000 anuncios publicitarios de comida insana al año, casi 11 al día, solo en el medio televisivo. Si contamos otros canales, ese número llega hasta 30 anuncios diarios en este sentido”, abundó, al tiempo que reivindicó la existencia de “un consenso social absolutamente mayoritario y transversal” que estima que esa publicidad, que tildó de “extraordinariamente agresiva”, debería estar "radical y completamente restringida para niños, niñas y adolescentes”.

En paralelo, hizo hincapié en una “realidad social” en la que los niños, niñas y adolescentes “están expuestos sin ningún tipo de barrera o de defensa” a una serie de prácticas comerciales y publicitarias que, a su juicio, “anteponen el lucro y el interés privado de una serie de actores económicos y comerciales al interés general”.

DE SENTIDO COMÚN

“Por tanto, creo que, sobre este diagnóstico, es hora de que las administraciones actúen y es lo que vamos a hacer”, advirtió, al tiempo que defendió que es una idea “de sentido común” pero “que hoy está disputada” y puso como ejemplo las nuevas recomendaciones nutricionales de Trump en Estados Unidos, que, a su entender, “incentivan de manera evidente y prioritaria el consumo de carne roja, ignorando décadas de evidencia científica y haciendo de correa de transmisión de los intereses poderosos de la industria cárnica”.

Tras criticar que el “conflicto” entre el interés general y el bien común y la “jerarquización de la vida pública” en función del poder de grandes corporaciones, de la “persecución del lucro” y del interés privado “se da de manera ubicua en todas partes”, el ministro urgió a “saldar la deuda que tenemos con las personas más vulnerables en nuestra sociedad” y a “demostrar” que las democracias “deben defenderse” defendiendo el interés general.

“Y eso es lo que pretendemos hacer, de nuevo basándonos en la evidencia, escuchando a las voces expertas, siguiendo la ciencia, pero también escuchando ese clamor social en nuestra sociedad que sigue defendiendo a día de hoy en este país que, sobre los intereses de quienes son muy poderosos, se afiance, se abra paso la voz del interés general y la voz de la gente común”, sentenció.

En la misma línea, recordó que “un 80% de niños, niñas y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables”, según un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente en España, pero los consumen en “mayor proporción” quienes “están más expuestos con mayor frecuencia a la publicidad de estos alimentos”.

Por ello, insistió en la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de este tipo de alimentos, que son ultraprocesados, con un alto contenido en grasas, azúcares o sal y que son muy calóricos y poco nutritivos, algo que ya hacen otros países como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia.

DEBER DE LAS EMPRESAS

En este contexto, aseveró que las empresas del sector “tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país”, al tiempo que hizo hincapié en la acción normativa que presentará en breve en este ámbito como una “cuestión de salud pública” y para “garantizar los derechos de la infancia”, aunque eso implique “poner coto a los poderosos”.

Por lo que respecta al Barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas, también refleja que el 91% de los encuestados cree que debería prohibirse la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y que más de la mitad (el 54%) cree que su prohibición debe extenderse a los menores de 18 años.