Así lo aseveró durante su intervención en el debate parlamentario, en la que quiso “agradecer” el “trabajo” y el “empuje” de las organizaciones del movimiento consumerista en España, a quienes, a su juicio, “debemos todos los avances en materia de consumo que vienen tomando cuerpo en las últimas cuatro décadas”, por lo que quiso reconocer “su trabajo constante y su determinación en defensa del interés general”, al igual que hizo con su antecesor en el cargo, Alberto Garzón, por “dar el impulso político a la norma”.

“Los derechos que esta ley consagra van a traducirse en mejoras palpables en la vida de millones de personas”, avanzó Bustinduy, al tiempo que hizo extensible también su agradecimiento a los grupos parlamentarios que, a su entender, “han hecho sustanciales aportaciones para mejorar el texto; cada uno desde su posición, pero con la voluntad de entendimiento”.

En este contexto, defendió que esta ley “es una cuestión de interés general y de sentido común”, dado que “la mala atención a la clientela es el motivo principal para la insatisfacción de los consumidores en España”. “Esto quiere decir que, más allá del resultado de la compra o la contratación de un bien o servicio, existe en nuestro país un problema generalizado en la forma en que las personas consumidoras se relacionan cotidianamente con los operadores económicos para poder formalizar reclamaciones, realizar quejas o cualquier tipo de consulta”, puntualizó, al tiempo que indicó que “lo que busca esta ley es establecer estándares básicos de calidad y garantizar que no se perpetren abusos hacia los consumidores”.

TRES EJES PRINCIPALES

Y ello, a partir de “tres ejes principales”, el primero de los cuales, dijo, implica a “las mejoras para una atención justa y personalizada”, convencido de que, “si hay tantas personas consumidoras insatisfechas con la atención que reciben es porque no existe por parte de los grandes operadores económicos un interés suficiente en recoger sus reclamaciones y darles debida respuesta”, razón por la cual, además, esta atención deberá ser “auditable de forma anual”.

En este sentido, el ministro hizo hincapié en “avances” que recoge la ley como el derecho a “ser atendido en tiempo y forma”, cuya garantía pasa por el establecimiento de un tiempo máximo de resolución de reclamaciones de 15 días, un tiempo máximo de atención para las llamadas telefónicas de 3 minutos o el derecho a ser atendido por un operador formado si no se desea ser atendido por un robot o un mecanismo de inteligencia artificial.

Por lo que respecta a la atención personalizada, el texto asegura una prestación “personalizada” de atención “en función de variables como la edad, la discapacidad o la situación administrativa” y garantiza el derecho a “efectuar reclamaciones en las lenguas cooficiales ante grandes empresas para los 13 millones de ciudadanos que las usan a diario en sus territorios”, según detalló Bustinduy.

“Creo que es algo absolutamente normal y que supone un paso para poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos en un país que es plurinacional y que reconoce las lenguas cooficiales”, reivindicó el ministro, convencido de que la medida “va a ir en beneficio de los consumidores y también de las empresas", que les van a "poder ofrecer un mejor servicio y van a poder tener un mayor retorno económico sobre su actividad”.

ABUSOS MÁS EXPANDIDOS

En cuanto a la necesidad de “acabar con algunos de los abusos más expandidos por parte de grandes operadores económicos en nuestro país”, afirmó que “ni hay multinacionales que sean intocables ni los ciudadanos están en una posición de indefensión”, porque, “cuando los poderes públicos actúan y cuando la gente denuncia, ese desequilibrio de poder se rompe”.

A este respecto, consideró que la “primera medida fundamental” que consagra el texto en este sentido es la regulación de las llamadas spam, al entender que “no se puede hacer negocio a cualquier precio y con cualquier práctica y a costa de los derechos, el bienestar y el derecho a la privacidad y al tiempo de la gente”.

“Por eso, esta ley incluye una regulación para que las compañías telefónicas bloqueen las llamadas comerciales no consentidas y también para declarar nulos los contratos que deriven de comunicaciones no consentidas”, abundó, al tiempo que indicó que en este eje también se enmarca el control de los gastos de gestión de entradas.

Junto a ello, recordó que las empresas “no pueden emplear estrategias dudosas o engañosas para hacer negocio”, motivo por el cual la ley regulará las reseñas falsas con el fin de “poner coto a la información falsa que prolifera a través de este tipo de mecanismos” y prevé que las empresas informen al usuario con 15 días de antelación a la fecha de vencimiento de un contrato para que el consumidor pueda comunicar su voluntad de renovación o cancelación.

INTERÉS GENERAL

“Esta ley viene a recoger una serie de preceptos básicos que creo que se pueden considerar de interés general y de sentido común”, apostilló, al tiempo que estimó que es “un buen ejemplo de la mejor forma de hacer política", que, confirmó, "no es otra que servir el interés general, mejorar la vida de las mayorías sociales, responder a sus demandas y aunar voluntades para que así sea, para avanzar en cuestiones que de verdad importan”, al igual que ocurrió con la reforma del artículo 49 de la Constitución, la ampliación de permisos o la ley ELA.

Por último, admitió “confiar” en que esta ley “pueda suponer un símbolo de ese mismo empeño y un nuevo paso en esa dirección”. “Y creo que la legítima expresión de posiciones y estrategias políticas es compatible con apoyar el interés general y las mejoras en la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, deslizó, al tiempo que quiso hacer “un último llamamiento” a los diputados para que dieran su “apoyo expreso” a la norma, convencido de que, de este modo, “nadie pierde nada por ello” en el Congreso y “fuera, millones de personas ganan”.