Así lo reivindicó en declaraciones a los medios de comunicación después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya “vuelto a dar la razón” al Ministerio de Consumo y haya establecido que la multinacional Airbnb tendrá que pagar la sanción de 64 millones de euros que el gabinete que lidera Bustinduy le impuso “por publicitar viviendas turísticas sin licencia”.

“Cuando el Ministerio de Consumo empezó a actuar sobre la problemática de los pisos turísticos ilegales, muchas voces nos dijeron que era un problema imposible de solucionar y, sin embargo, paso a paso, vamos viendo cómo por supuesto que es posible dar solución al que es el principal problema que viven las clases trabajadoras y las familias en España, que es la vivienda”, apostilló.

En este contexto, Bustinduy quiso “enviar un mensaje muy claro” después de esta decisión judicial y es que “las viviendas en España tienen que ser para que las familias vivan en ellas, no para construir pisos turísticos ilegales y tampoco para especular con el precio de los alquileres”.

PRÓRROGA ALQUILERES

Por ello, también juzgó “tan importante” la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en el año 2026 y 2027 que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros y quiso “llamar a la movilización de todos los inquilinos e inquilinas de este país” para que “hagan presión política suficiente” con el fin de que, en el plazo de 30 días, cuando haya que convalidar este decreto ley, “existan las condiciones para tener una mayoría parlamentaria” que lo haga posible.

“Es absolutamente fundamental que esta prórroga se convalide para que las familias en España no se encuentren con una subida del 30, el 40 o el 50% de sus contratos de alquiler”, abundó, al tiempo que estimó que Sumar ha “demostrado” que “por supuesto que se puede intervenir para solucionar el problema de la vivienda”.

En este sentido, admitió que “claro” que el Ejecutivo va a “encontrar formidables resistencias para ello”, porque, a su entender, “hay una minoría, una oligarquía rentista” en el país que se está “lucrando, forrando a costa del derecho constitucional a la vivienda de las familias en España”. “Pero la obligación del Gobierno es intervenir para defender los intereses de esas familias”, aseveró, “convencido” de que, “si la sociedad española se moviliza”, el Ejecutivo será “capaz de llevar esa convalidación adelante”.

“Con esa convicción y con el espaldarazo a las actuaciones del Ministerio de Consumo que supone esta resolución judicial, quiero de nuevo llamar a la movilización para conseguir la convalidación parlamentaria de este decreto ley que para muchas familias representa un paso adelante importantísimo y a mucha gente le va la vida en ello”, insistió.

LES VA LA VIDA

Junto a ello, recordó que a mucha gente “le va la vida en que no la expulsen de su casa, de su barrio, de su ciudad, que tengan que cambiar a los niños de colegio”. “Parejas que se separan y que no pueden asumir el coste de un contrato de alquiler, personas jóvenes que tienen que volver a vivir con sus padres”, denunció.

“Esto se puede solucionar y el decreto ley que aprobamos el viernes sirve para ello, es un paso importantísimo para ello”, defendió, al tiempo que señaló que, “frente a todas las resistencias” y a la “oposición” que, a su entender, “esos mismos actores económicos que se están forrando con la crisis de vivienda van a ser capaces de articular, si la gente se moviliza, lo sacaremos adelante”.