Así lo anunció Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a su participación en el Consejo Territorial de Derechos Sociales para abordar la financiación de la Dependencia y en las que precisó que hacía tan solo “unos pocos minutos” que había recibido la “buena noticia”.

En este contexto, recordó que “hace unas semanas” este mismo tribunal dictó un auto “avalando” las actuaciones del ministerio y “exigiendo” a la plataforma que retirara esos anuncios ilegales.

“Airbnb presentó un recurso de reposición ante el mismo tribunal y hace apenas unos minutos he recibido la información de que han vuelto a perder. Hemos vuelto a ganar en los tribunales y, por tanto, Airbnb deberá proceder a la retirada inmediata de los anuncios ilegales”, abundó, convencido de que es “una importante noticia” para la cartera que dirige porque “avala” sus actuaciones, pero también porque “supone la ratificación del principio” que sigue Consumo de que “ninguna empresa puede estar por encima de la ley”.

El ministro reiteró que, en España, las empresas “deben cumplir con la legislación vigente”, algo que ve “especialmente importante en materia de vivienda”, ámbito en el que, dijo, “hay un puñado de empresas, de fondos de inversión, de grandes plataformas, que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias en nuestro país”.

Por esta razón, insistió en la urgencia de “intervenir” en el mercado de vivienda para “garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía”. “Y el Ministerio de Consumo lo está haciendo”, agregó, consciente de que el de los pisos turísticos ilegales es “uno de los factores” que está “contribuyendo” a “agravar” la “crisis de vivienda” y a “expulsar a familias trabajadoras y estudiantes de sus barrios”, que, a su entender, “ven cómo se convierten en parques temáticos”.

“Es una buena noticia y espero que vengan muchas más en el futuro y que pongamos orden en el mercado de la vivienda en España”, apostilló respecto a la decisión del TSJM.

VIVIENDA

En la misma línea, hizo hincapié en que hace unos días el ministerio abrió el segundo expediente sancionador a una gran inmobiliaria de ámbito nacional por “incumplir las obligaciones legales”. “Porque está prohibido hacer que los inquilinos paguen los gastos de formación de un contrato de alquiler u obligarles a suscribir servicios que no desean”, explicitó, al tiempo que avanzó que su cartera va a “mantener esta misma línea de actuaciones”.

“Ninguna empresa puede estar por encima de la ley en este país y vamos a anteponer la defensa de los derechos de los consumidores siempre al modelo de negocio o al afán de lucro de un puñado de grandes multinacionales”, advirtió.

Tras defender que “detrás de las empresas que corrompen a políticos también hay ese mismo principio de considerar que la cifra de resultados o que el beneficio privado de un puñado de empresas está por encima de la democracia española y de la ley que rige en nuestro país”, en referencia a la presunta trama de corrupción en el PSOE, Bustinduy puntualizó que el gabinete que dirige “se va a asegurar, en el ejercicio de sus competencias, de que quien viola la ley en nuestro país lo pague”.

“No es consentible, no es tolerable la impunidad con la que algunos actores económicos se consideran a la hora de perseguir el beneficio a toda costa”, resolvió.