Durante la inauguración del curso ‘Agenda 2030 en el agitado presente: perspectivas, debates y escenarios futuros por un mundo basado en derechos y bienestar común en los límites del planeta’, celebrado en los cursos de verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Bustinduy afirmó que la Agenda 2030 obliga a evaluar cualquier decisión pública por sus consecuencias y lamentó que ese principio de “sentido común” se vea condicionado por intereses económicos, geoestratégicos y políticos.

El ministro sostuvo que el contexto internacional está marcado por el avance de un “dispositivo político y cultural” que, a su juicio, fomenta la polarización, identifica culpables para problemas complejos y dificulta que las decisiones públicas se basen en la evidencia científica. En este sentido, advirtió de que los argumentos racionales, por sí solos, no bastan para frenar fenómenos como la crisis climática, las guerras o el aumento de las desigualdades.

Por ello, defendió que la respuesta pasa por fortalecer la movilización social y la acción política. “Todos los avances en derechos, bienestar y protección social han sido consecuencia de procesos de lucha y organización colectiva”, afirmó, al tiempo que rechazó la idea que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vaya a producirse de forma automática con el paso del tiempo.

Bustinduy puso como ejemplo de esa acción política la reciente aprobación del nuevo modelo estatal de cuidados, dotado con una financiación de 6.200 millones de euros, que calificó como un paso para convertir los cuidados en un nuevo pilar del Estado de bienestar, comparable al papel que desempeña la sanidad, la educación o el incremento de las pensiones, la ampliación de los permisos de cuidados o la regularización de personas migrantes como ejemplos de políticas que, a su juicio, materializan los principios de la Agenda 2030.

El ministro también reivindicó el papel de España en la defensa del multilateralismo, la transición ecológica, los derechos sociales y la paz, y sostuvo que el país reúne “ más posibilidades y mejores condiciones” que otros Estados para avanzar hacia un modelo basado en la justicia social, el bienestar común y la ampliación de derechos.

Bustinduy concluyó que la Agenda 2030 solo podrá consolidarse si sus principios se traducen en mejoras tangibles para la ciudadanía y llamó a reforzar el debate académico y la participación social para impulsar políticas públicas que garanticen los derechos, la igualdad y la sostenibilidad.