Durante la inauguración del curso 'Reimaginar el bienestar Políticas sociales para un nuevo contrato social', organizado por la Universidad Complutense de Madrid en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial, Bustinduy aseguró que el futuro de la protección social es inseparable del futuro de los sistemas democráticos, en un contexto marcado por la crisis climática, las tensiones geopolíticas, el aumento de las desigualdades y el cuestionamiento de los Estado del bienestar.

El ministro advirtió del auge de una cultura que, a su juicio, “criminaliza la fragilidad” y responsabiliza a cada individuo de su propia vulnerabilidad, frente a un modelo basado en la solidaridad y la ayuda mutua. En este sentido, reivindicó que el cuidado constituye uno de los pilares de la civilización y defendió que las políticas públicas deben garantizar apoyos universales para todas las personas a lo largo de su ciclo vital.

Bustinduy sostuvo que los actuales sistemas de protección social, diseñados en torno al empleo y a los procesos productivos del siglo XX, necesitan una transformación profunda para responder a una sociedad en la que la vulnerabilidad y la necesidad de cuidados forman parte de la vida de cualquier ciudadano. Por ello, abogó por un Estado social que reconozca los cuidados como un derecho universal de ciudadanía.

Asimismo, afirmó que ese nuevo modelo debe sustentarse en una redistribución de la riqueza, del tiempo y del poder, al considerar que solo así será posible afrontar los retos derivados del envejecimiento, el cambio climático o las desigualdades sociales. Según explicó, reforzar los derechos sociales no solo mejora la cohesión social, sino que también favorece el desarrollo económico.

AMPLIACIÓN DE DERECHOS

Durante la parte final de su intervención, el ministro defendió las políticas sociales impulsadas por el Gobierno y sostuvo que la ampliación de los derechos laborales y sociales ha coincidido con un crecimiento del empleo y de la economía española. A su juicio, estos resultados cuestionan la idea de que el fortalecimiento del Estado del bienestar perjudica la actividad económica.

Bustinduy concluyó que España necesita un cambio de paradigma que sitúe los cuidados en el centro de las políticas públicas y permita responder a los desafíos del siglo XXI mediante un modelo de bienestar más inclusivo, cohesionado y basado en los derechos sociales.