Así lo criticó Bustinduy durante su intervención en el pleno del Senado en respuesta a una interpelación del senador de Més Compromís Enric Xavier Morera sobre cuál es la política de su ministerio en la defensa de los consumidores.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy recordó que el departamento que lidera emitió en los últimos meses hasta tres requerimientos para que la plataforma Airbnb retirara 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos y que la compañía recurrió a los tribunales, “perdió en distintas ocasiones y, por tanto, tuvo que bloquear y retirar esos 65.000 anuncios ilegales”.

“Tras producirse estas decisiones, otro de los grandes operadores del mercado, Booking, decidió de manera voluntaria retirar otros 4.000 anuncios ilegales más”, celebró, al tiempo que subrayó que su ministerio ha “buscado la colaboración de otras administraciones” con ese fin de “perseguir la plaga de los pisos turísticos ilegales en el ámbito de sus competencias”.

Y lo ha hecho, reivindicó, con entidades locales y comunidades autónomas “de todo signo político”. “En algunos casos, también con administraciones del PP hemos logrado colaborar de manera eficaz y eficiente”, reconoció, mencionando al Consell de Ibiza, el Gobierno Vasco y ayuntamientos como los de Denia, Altea, Gandía o Santiago de Compostela, convencido de que “los resultados han sido buenos”.

CASO OMISO

No obstante, criticó que otras administraciones cuyas poblaciones “están sufriendo este problema de manera especialmente acuciante”, como el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Valencia, la Xunta de Galicia y la Junta de Andalucía, “han hecho caso omiso”.

“La respuesta que hemos obtenido es silencio. Nada. Y no hablo ya de aplicar la ley de vivienda para topar los alquileres y aliviar la inmensa carga que sufren las familias trabajadoras por culpa de la especulación en el mercado de la vivienda, hablo de hacer cumplir la ley en sus territorios, de acabar con la proliferación de pisos turísticos ilegales que está expulsando a las familias de sus barrios y convirtiendo muchas ciudades de este país en parques temáticos”, apostilló.

Por último, advirtió de que una democracia “no puede permitirse tener sectores económicos y grandes operadores económicos que no respeten la legalidad” ni “tampoco que desoigan los clamores sociales o que desconozcan el derecho a nivel estatal y también a nivel internacional”.