Así lo aseveró Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación previas a su reunión con miembros del Observatori Desca y en las que quiso enviar un “mensaje muy claro” a los fondos buitre, las grandes inmobiliarias “sin escrúpulos”, los grandes propietarios y esa clase rentista que “se está lucrando a costa del derecho constitucional a la vivienda”, así como a las administraciones públicas del PP “que se niegan a aplicar la Ley de Vivienda y que están defendiendo y blindando los privilegios y beneficios de esos pocos que se están lucrando a costa del derecho a la vivienda”.

“Los abusos en el mercado de la vivienda se van a pagar muy caros y el Ministerio de Consumo, con sus recursos, que son limitados pero que existen, se va a encargar de poner orden y de que, quien cometa abusos sobre los derechos de los inquilinos en este país, lo pague”, apostilló.

A este respecto, reivindicó las medidas contempladas en el borrador de decreto ley para la intervención del mercado de la vivienda presentado por Sumar, que incluyen la prórroga de todos los contratos de alquiler en España por un periodo de tres años adicionales y la congelación de las rentas del alquiler, la obligación para los propietarios de cuatro o más viviendas de tributar fiscalmente “de una manera muy significativa” o la prohibición de la compra de viviendas “que no se vayan a destinar a residir en ellas o a ponerlas en alquiler asequible”.

“Son medidas que son viables, que son de aplicación inmediata y que dependen solo de que haya voluntad política para ello”, puntualizó, al tiempo que incidió en la posición “constructiva” de Sumar para “poder actuar ya, acabar con la ley de la selva y ofrecer protección, seguridad y certidumbre a las familias trabajadoras en España”.

PROTECCIÓN INSUFICIENTE

Tras admitir que “las herramientas de protección que hay en España para garantizar los derechos de inquilinos son insuficientes”, Bustinduy coincidió en que “hay que hacer más, pero, desde luego, lo que existe debe ser prorrogado, no se entendería ninguna otra cosa”.

Preguntado por las negociaciones entre Sumar y PSOE en este ámbito, el titular de Derechos Sociales y Consumo aseveró que “las conversaciones son permanentes, como no podía ser de otra manera” y se mostró “muy optimista”, al entender que el socio minoritario ha “hecho esta propuesta en clave constructiva”. “Creo que hemos diseñado una batería de respuestas que son de aplicación inmediata, pero además que tienen desarrollada toda la base jurídica para que puedan ser eficaces y útiles”, agregó.

En este punto, dijo “confiar” en que “muy pronto pueda haber una intervención decidida en ese sentido”, con el fin de “garantizar seguridad y certidumbre a las familias en España, especialmente a todos aquellos inquilinos que ven cómo se aproxima la fecha de vencimiento de su contrato de alquiler”.

En la misma línea, celebró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “defendió” hace unos días en Bruselas “una intervención decidida también a nivel comunitario en este sentido”. “Yo creo que son todo buenas noticias, son pasos decididos en la dirección en la que nosotros llevamos insistiendo desde el principio”, prosiguió.

ASPIRADORA DE RIQUEZA

En paralelo, hizo hincapié una vez más en que el mercado de la vivienda en España “está funcionando como una aspiradora de rentas y de riqueza, extrayendo riqueza y rentas de las familias trabajadoras en beneficio de una clase rentista internacional” compuesta por fondos buitre, grandes operadores comerciales “sin ningún escrúpulo” y grandes tenedores de vivienda.

“Y esto no puede ser, porque todas las mejoras que han conseguido los gobiernos de coalición en España, todas esas mejoras relativas de la posición de las clases trabajadoras, están siendo neutralizadas por un mercado de la vivienda secuestrado por lógicas especulativas, extractivas y rentistas”, denunció, al tiempo que lamentó que, de este modo, “todo lo que se gana por un lado, la vivienda está haciendo como una aspiradora para que toda esa riqueza vaya a manos de unos pocos”.

En este contexto, abogó por “intervenir este mercado y neutralizar la lógica de acumulación y de especulación con la vivienda”, al tiempo que reiteró que es “optimista” al respecto e incidió en que Sumar ha desarrollado las herramientas jurídicas para que, “cuando exista un acuerdo y una voluntad política suficiente, se pueda intervenir de inmediato”.

En esta línea, consideró que protección de inquilinos, neutralización de la acumulación de viviendas y acabar con la lógica de especulación que rige el mercado de la vivienda “son las tres palancas esenciales con las que empezar a intervenir el mercado de la vivienda y darle la vuelta y que funcione con un poquito más de justicia y de seguridad y tranquilidad para las familias trabajadoras”.

Todo ello, con el fin de que la vivienda “no se convierta en ese formidable foco de beneficios y negocio para un puñado de grandes actores que se están lucrando a costa de la tranquilidad y el bienestar de las familias en España”.

NEGOCIACIONES PERMANENTES

Tras confirmar que “las conversaciones y las negociaciones son permanentes en el seno de la coalición”, Bustinduy valoró que “el perímetro del acuerdo entre los socios de Gobierno se ha ido expandiendo”. “Cada vez estamos de acuerdo en más medidas y esto ha sido fruto de un trabajo incesante”, confirmó, al tiempo que se mostró “muy optimista” de cara a la negociación de este decreto ley, convencido de que “cada vez está más claro que estas son las palancas sobre las que hay que actuar para poder aliviar la carga que supone la vivienda sobre las familias en España”.

Junto a ello, recordó que España “es el país de Europa en el que las personas que viven de alquiler destinan una proporción mayor de sus ingresos a pagar la vivienda”. “Y esto ha producido que vivir de alquiler en España se haya convertido en un factor de riesgo de exclusión social o de pobreza. Es evidente que esto no puede seguir siendo así. Es objetivo, es de sentido común y, por tanto, hemos puesto las herramientas para poderlo resolver y soy optimista respecto a que, de manera constructiva, dialogada y consensuada, por fin podamos acometer las soluciones necesarias al problema de la vivienda”, resolvió.

Por último, preguntado por si cree que sería suficiente con incorporar algunas de las medidas de Sumar en el decreto sobre el que trabaja el grupo socialista, Bustinduy insistió en que el socio minoritario ha “planteado una herramienta” que es un borrador de decreto ley que incluye todas estas cuestiones, pero “tanto las formas como el momento en el que se debe hacer será objeto de negociación”.