Así lo reivindicó Bustinduy durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que el Gobierno aprobó una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborada por el gabinete de Bustinduy y que está compuesta de 100 metas que tienen como objetivo “reforzar” el Estado de bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental de España se aborde “garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial” y se “acelere, a su vez”, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta estrategia incluye políticas adaptadas a las administraciones del país y amplía los objetivos fijados a nivel internacional en 75 de las 100 metas incluidas. Entre los “objetivos prioritarios” destacan, según Bustinduy reducir la pobreza y la desigualdad e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos.

Como una de las medidas “más novedosas” se incluye la adopción de una prestación universal por crianza, que el Gobierno de España incluye por primera vez en una estrategia estatal, señalando que “este nuevo derecho lograría una importante reducción de la pobreza infantil”.

PRESTACIÓN

El objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y “acabar”, así, con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030.

En respuesta a los medios, el ministro afirmó que esta prestación universal por crianza será el “instrumento para conseguirlo” y que podrán percibirla “la totalidad de las familias en España”.

Tras puntualizar que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, “se ha producido una mejora en términos agregados de la pobreza infantil, pero sigue en unos niveles muy altos y persistentemente altos”, Bustinduy advirtió de que, “desde hace años, hay un consenso establecido en que la mejor manera de ponerle coto es mediante una prestación del tipo que ya existe en 17 países de la Unión Europea”.

“Es de probada eficacia, tenemos el conocimiento para poderla desplegar y tenemos evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza infantil en nuestro país”, continuó, al tiempo que indicó que el coste estimado de la pobreza infantil en España es de hasta 65.000 millones de euros al año y “el impacto que tiene la pobreza infantil se expresa a lo largo de todo un ciclo de vida”, razón por la cual el retorno social y económico de una “solución” al problema de la pobreza infantil “será inmediato y superará con creces las expectativas que tenemos”.

PRESUPUESTOS

Por este motivo, dijo confiar en que en que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado “pueda dar paso en esa dirección y coincidió con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, en que la evaluación de los mecanismos que existen y las soluciones para mejorar su desempeño “son precisamente la lógica que lleva a plantear esta solución”.

“Por lo tanto, yo confío en que vea la luz cuanto antes y estoy convencido de que su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española”, resolvió.

ESTRATEGIA

Con respecto al conjunto de la nueva estrategia, Bustinduy aseguró que el “empeño” detrás de la “revisión” es el de “reforzar el compromiso de España con el cumplimiento de los ODS”. Esto se traduce en la fijación de cuatro grandes retos que tienen que ver con el fortalecimiento del Estado del Bienestar, con el desarrollo de un sistema económico basado en la justicia social, laboral y ambiental, con la garantía de una vertebración territorial justa que favorezca la cohesión social y con la lucha contra cualquier forma de desigualdad y discriminación”.

En cuanto a “objetivos concretos” para el año 2030, hizo hincapié en la adopción de esa prestación universal para erradicar la pobreza infantil, la inversión para garantizar un parque público de vivienda y el incremento de la proporción de vivienda social, triplicando para ello la inversión pública en este área, con un aporte de 7.000 millones de euros de aquí a 2030; la reducción de la brecha salarial de género y del abandono escolar o el aumento de las tasas de participación laboral y educativa de las personas con discapacidad.

A este respecto, lamentó que, en las últimas semanas, “ha podido verse con toda claridad la contraposición entre las distintas alternativas, los distintos modelos a los que se enfrentan las democracias en el siglo XXI”, con, en primer lugar, “el nuevo modelo autoritario, el modelo del ICE, de quienes defienden el abandono de cualquier principio del derecho internacional, el ataque sistemático al multilateralismo”.

“Por otro lado tenemos un modelo, que es el que defiende este país y este gobierno que, con todas sus dificultades, se plasma en cosas muy concretas, en seguir subiendo los salarios mínimos, las pensiones, garantizar una mayor protección social, en la regularización de cientos de miles de trabajadores que viven en este país y que, por tanto, deben tener derechos y en el compromiso renovado con generar sociedades más justas, más viables y más cohesionadas”, abundó.