Así lo aseveró en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a su visita a un edificio de afectados por la especulación inmobiliaria en Madrid, en la que mantuvo un encuentro con representantes de 200 familias que viven en 13 edificios del centro de la capital que han sido vendidos a diferentes fondos buitre y están a la espera de ser desahuciados y cuyo testimonio, a su juicio, es “uno más de los miles que hay por toda España de familias, de personas trabajadoras que han visto cómo su derecho constitucional a la vivienda se ve conculcado por los intereses espurios de quien está utilizando el mercado de la vivienda para forrarse” y a quienes instó a “que inviertan en otra cosa, que creen empleo, que busquen una actividad productiva”.

“La vivienda es un derecho, no puede ser un bien de inversión para que una clase financiera internacional se forre cada día más”, advirtió, consciente de que los dos decretos leyes que ha aprobado el Gobierno y que se votan mañana en el Congreso de los Diputados “son apenas un primer paso para poner fin a las situaciones más sangrantes que están viviendo centenares de miles de personas en este país” y que están pidiendo “respuestas, soluciones” porque, a su entender, este “problema claro que tiene solución” porque España “no quiere ser un país en el que se vuelvan a reproducir imágenes como la que vimos con Maricarmen”.

En este sentido, incidió en que “hay soluciones y mañana en el Congreso se van a votar los primeros pasos para conseguirlo” y para que, entre otras cuestiones, “no echen a gente en situación de vulnerabilidad a la calle”, para que “se acabe el fraude en el alquiler de habitaciones” y que la vivienda “deje de ser un foco de especulación” y cinco millones de personas, un millón de ellas niños, “puedan prorrogar los contratos de alquiler que vencen hasta el final del año 28”.

“No hay excusa posible, quedan 24 horas para que se imponga el sentido común”, advirtió, al tiempo que denunció una “campaña del miedo” organizada, según él, por parte de los “lobbies inmobiliarios y financieros” para “intoxicar y mentir respecto al contenido de estos decretos leyes” que, dijo, “son de sentido común”, motivo por el cual recordó a los grupos políticos que “consideren mañana bloquear estas medidas de mínimos, de sentido común”, que, “si se oponen a ellas y las bloquean, se equivocarán gravísimamente”, convencido de que “quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país, lo va a pagar muy caro y lo va a pagar electoralmente también” porque “nadie va a salir indemne”.

DE QUÉ LADO

Para Bustinduy, “no va a haber proclama, campaña del miedo, ni insulto” que “pueda tapar” que, “a la hora de pulsar el botón”, esos grupos políticos “se pongan del lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa, pagando honradamente su alquiler; del lado de los fondos buitre internacionales y no del pueblo español; de quien quiere echar a gente que lleva toda su vida pagando el alquiler a la calle para hacer un piso turístico ilegal y no de quien paga el alquiler con mucho esfuerzo”.

“Eso es lo que van a votar mañana, por mucha campaña del miedo que hagan”, apostilló, al tiempo que dijo “augurar a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común y dé la espalda al clamor social que hay en este país” que “va a pagar un precio político muy caro y lo va a pagar en las urnas también en las elecciones”. “Que no se equivoquen”, advirtió, al tiempo que señaló que “quedan 24 horas” y admitió esperar “que la movilización social y que el sentido común se abra paso”, consciente de que “millones de personas en este país no pueden más con un mercado de la vivienda que está hecho a medida de quien lo utiliza para forrarse y no de quien quiere vivir con dignidad, con tranquilidad en su país”.

En este contexto, estimó que “todos los grupos políticos deben valorar, considerar, medir y pensar muy bien qué es lo que hacen mañana” porque, según su punto de vista, “va a tener muy difícil explicación” el hecho de “bloquear” ambos decretos “en nombre de un interés de corto plazo, partidista o en nombre de servir a los lobbies que se están forrando con la situación actual de la vivienda”, porque, de lo contrario, “la indignación social que hay por este tema, les acabará pasando por encima”.

Tras afirmar que los precios de los alquileres “tienen que bajar porque están en un nivel que es insostenible respecto al esfuerzo fiscal que hacen las familias”, el ministro aseveró que “no hay una sola medida en lo que se va a aprobar mañana que perjudique” a los caseros, porque “lo que se busca es generar un modelo de alquiler que tenga más certidumbre, más estabilidad”, que es, a su entender, “lo que buscan los pequeños propietarios que tienen una vivienda en alquiler”.

CASEROS

“No son esos quienes están creando el problema de la vivienda. De hecho, están amenazados también: los grandes fondos de inversión, los que compran un edificio entero para vaciarlo, para llenarlo de pisos turísticos ilegales, para malograrlo, están expulsando del mercado también a los pequeños propietarios y devaluando sus bienes”, criticó, al tiempo que defendió que este viernes se vota un modelo que busca “expulsar a los fondos buitre, a los especuladores del mercado de la vivienda, no, desde luego, a las familias trabajadoras españolas” y “acabar con el casino financiero en el que se ha convertido el mercado de la vivienda en España”.

Por ello, vaticinó que, quien “intente atrincherarse” para “defender los intereses de la industria financiera, de las grandes inmobiliarias, de los grandes patrimonios y las grandes fortunas que sacan de la vivienda un rendimiento que no sacan en ningún otro lado, que no generan ni un solo puesto de trabajo con ello”, se van a “equivocar” y “le van a dar la espalda a su propio pueblo” porque lo que se votará en la Cámara Baja son medidas “de sentido común, que lo que buscan es garantizar que se acaben algunas de las principales formas de fraude y estafa que están sucediendo en este país”.

“Lo que estamos intentando hacer es equilibrar un poquito la balanza y que la gente no sea rehén de un mercado del alquiler que hace inviable, imposible vivir con dignidad”, abundó, al tiempo que abogó por “intervenir para hacer que la gente pueda vivir un poquito mejor, vivir dignamente, honradamente de su trabajo”. “Y quien vote que no mañana, a quien está protegiendo es a quien está haciendo que no se pueda vivir en nuestras propias ciudades, que las ciudades estén al servicio de los turistas, de los inversores internacionales, de los grandes patrimonios, de quien necesita rentabilizar su capital al 30% año tras año”, alertó, “convencido” de que “los dos” decretos “van a salir adelante”.