Así lo manifestaron durante la reunión que mantuvieron para abordar las cuestiones en materia de vivienda que se están llevando a cabo desde el ministerio y en la que compartieron la importancia de la prórroga de los alquileres aprobada recientemente en Consejo de Ministros y que está en vigor desde el pasado 22 de marzo, tal y como precisó el ministerio en un comunicado.

Facua trasladó al ministro que desde la asociación han informado a sus más de 200.000 socios sobre este derecho, al que pueden acogerse todas las personas cuyo contrato de alquiler venza entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

En la campaña que Facua ha puesto en marcha para que los inquilinos conozcan este derecho también ha ofrecido un modelo de documento para dirigir a sus arrendadores con el fin de solicitar la prórroga.

Durante el encuentro, Bustinduy y Ruiz coincidieron en la necesidad de que los inquilinos e inquilinas que cumplan las condiciones para hacerlo soliciten mediante un burofax a sus caseros la prórroga de los contratos de alquiler.

Con estas solicitudes, consideran que la ciudadanía “podrá hacer valer ya un derecho que está aprobado en Consejo de Ministros y que allanará su camino de cara a la convalidación del Real Decreto-ley en el Congreso de los Diputados”, según el gabinete de Bustinduy.

La presidenta de la asociación mostró el apoyo de Facua a la prórroga, que considera “una herramienta necesaria y deseable” y reconoció, además, la importancia de que el ministro enviase, la semana pasada, cartas a 13 grandes inmobiliarias y fondos para informarles de su obligación de aceptar la prórroga de más de 100.000 contratos de alquiler, aplicando el Real Decreto-ley con medidas de vivienda.

Además, la presidenta de Facua también reivindicó la necesidad de mejorar la legislación que regula los derechos de los inquilinos.

Por último, entre las medidas que la asociación de consumidores ha reclamado al ministro en materia de vivienda está el tope para los precios de los alquileres, potenciar el alquiler social o la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional.