Así lo indicó el titular de Consumo minutos antes de mantener una reunión con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, a la que agradeció su colaboración a lo largo de la legislatura para tomar medidas contra los pisos turísticos ilegales. "Como saben, impusimos una sanción de 64 millones de euros a Airbnb recientemente", recordó el ministro, y avanzó que actualmente hay "varios expedientes sancionadores abiertos en ese sentido que concluirán en las próximas semanas".

Bustinduy afirmó que según los datos que maneja Consumo, basados en cifras estadísticas de fuentes oficiales, "la renta media de los caseros, de los propietarios en España, es más de 23.000 euros superior a la de inquilinos e inquilinas". "Estamos hablando de una diferencia del 82%". "En algunas comunidades autónomas esa diferencia es del doble", insistió.

Así, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230 indicó que en este contexto de "formidable crisis de vivienda" quien está sufriendo "no son los caseros que tienen puestos en alquiler sus viviendas en un momento de precios máximos históricos", sino "los inquilinos, las familias trabajadores y los jóvenes que no pueden afrontar el pago" del alquiler.

Por ello, Bustinduy reiteró su crítica a la bonificación del 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes.

"En este contexto es absolutamente imprescindible una intervención del mercado de la vivienda, por supuesto, pero en este contexto destinar recursos públicos al primero de esos grupos, a los propietarios y a los caseros, a quienes tienen prácticamente el doble de renta que los inquilinos, que son quienes están están sufriendo esta crisis, es una medida que nosotros no compartimos y no vamos a compartir en ningún caso".

El ministro insistió en que "no se pueden destinar recursos públicos a premiar a aquellos caseros que decidan no subir el precio de los alquileres todavía más, que están en máximos históricos. Hay que utilizar los recursos públicos para aliviar la situación que están viviendo millones de familias trabajadoras en este país".

UN GRAN ACUERDO

Pese a su rechazo a la medida anunciada por Sánchez, Bustinduy aseguró en relación a la posición de Sumar que "nosotros no estamos en una posición de decir que no y basta". "Hace tres meses propusimos una alternativa que creemos que es mucho mejor, que va a ser mucho más eficaz, que es la prórroga automática de todos los contratos que vencen en el año 26 y en el 27. Estamos hablando de que este año es una medida que afectaría a 1,6 millones de personas, si contamos el año 27 estamos hablando de prácticamente 3 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país. Es una prórroga automática que hace que todos los contratos se extiendan automáticamente en el nivel que tienen y, por tanto, que nadie vea como sus alquileres suben de manera abusiva hasta un 30, 40 o 50% dependiendo de la ciudad en la que estemos. Nadie pierde con esta fórmula".

En esta línea, el titular de Consumo afirmó que le gustaría que se pudiera "alcanzar un gran acuerdo no solo entre los socios del Gobierno, no solo con los socios parlamentarios, también con los movimientos sociales y con las organizaciones sociales que llevan años trabajando por el derecho a la vivienda". El objetivo, dijo Bustinduy, sería "conseguir los objetivos, que seguro que son comunes, que seguro que son los que queremos todos y cada uno de nosotros, que son proteger y aliviar a las familias trabajadoras que son quienes están pagando el precio de esta crisis de vivienda". "Nuestra actitud es completamente constructiva", aseveró.

El ministro defendió una vez más la medida de prórroga automática de los alquileres con una subida única del IPC como una propuesta "plenamente constitucional y eficaz", que el Gobierno de coalición ha aplicado en ocho ocasiones desde el año 2020. Una medida que en su opinión solo perjudicaría a quienes "hayan calculado que podrían, de golpe y unilateralmente, subir un 30, 40 o 50% el precio de las casas donde viven las familias trabajadoras en España. Ese cálculo sí que se vería imposibilitado. Y creo que es algo que es de justicia y de sentido común, que se mantengan los alquileres cómo están y que se proteja el derecho de las familias trabajadoras a seguir viviendo en sus casas. Punto", zanjó.

Preguntado sobre si los miembros de Sumar han manifestado en el seno del Consejo de Ministros, reunido este martes, su crítica a la bonificación propuesta por Sánchez, Bustinduy afirmó que "las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas", pero sobre vivienda llevan hablando toda la legislatura. "Desde este ministerio estamos haciendo todos los esfuerzos para mover al Partido Socialista y conseguir medidas que de una vez sean eficaces para proteger a la gente que está pagando la crisis de vivienda", aseveró. "Ese es el propósito que debe tener la intervención del Gobierno y no se entendería que un gobierno progresista no intervenga para favorecer a aquellos que están sufriendo".