En unas declaraciones enviadas a los medios de comunicación, el ministro recordó que su departamento presentó hace tres meses un borrador de real decreto ley "para abordar la gravísima crisis de vivienda que sufren las clases trabajadoras en España" y cuyas principales medidas eran la prohibición de la compra especulativa de viviendas en zonas tensionadas, un nuevo impuesto disuasorio para los propietarios de 4 o más viviendas, y la prórroga "de todos los alquileres que vencen para neutralizar la lógica especulativa que está expulsando cada día a la gente de sus casas".

"Desde entonces hemos defendido esta medida con ahínco y puesto cifras al problema: más de 630.000 contratos vencen este 2026, lo que afectará a 1,6 millones de personas. Lo hemos dicho mil veces: sería incomprensible que el Gobierno no actuara para proteger a esas familias frente a los intereses de las clases propietarias", alertó.

Así, "tras muchas reuniones y desencuentros con el Partido Socialista", Sánchez anunció una serie de medidas que incluyen "cosas positivas por las que los movimientos sociales y los partidos de izquierdas llevan años peleando, como la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para impedir algunas de las formas de abuso más escandalosas que sufren inquilinos e inquilinas en este país". "Esas medidas son positivas y trabajaremos para que salgan adelante en cualquier caso: de hecho ya se están tramitando en la Comisión de Vivienda del Congreso, donde su aprobación con nuestro apoyo es inminente", precisó.

Sin embargo, en el caso de los contratos de alquiler, la propuesta es "completamente insatisfactoria, por ser una medida injusta e ineficaz".

"Es una medida injusta porque la renta media de los caseros en España es prácticamente el doble que la de los inquilinos y esa brecha no para de aumentar. En esas circunstancias destinar recursos públicos a los propietarios y seguir agrandando esa brecha es injusto, y que lo haga un gobierno de izquierdas, inexplicable. La prórroga no debe ser opcional, y sobre todo no puede ser un premio a los 'buenos caseros'. Tiene que ser un derecho para todos los inquilinos del país", argumentó.

Además, "es una medida ineficaz, porque una bonificación del IRPF, en el contexto de fortísimas subidas de precios en el que estamos, no va igualar ni de lejos la ganancia que van a tener los propietarios en el mercado", apuntó Bustinduy, adjuntando unos mensajes del secretario general de Consumo que "explica perfectamente" esta tesis.

"En otras palabras, los caseros van a seguir obteniendo mucho más dinero subiendo las rentas. Y quien decida no subirlas porque es buena persona, porque le da seguridad su inquilino, por lo que sea, no lo va a hacer por esta medida. Es dinero público para una clase que no lo necesita, mientras la gente trabajadora esta asfixiada. Y por si fuera poco las empresas se quedan fuera. A ellas ni siquiera les afectaría la medida", insistió.

Para Bustinduy, "lo positivo" del anuncio de Sánchez que demuestra que "por fin ha reconocido la existencia del problema y la necesidad de abordarlo por vía de urgencia, cosas a las que hasta ahora se negaba" el PSOE, y ahora "falta que rectifiquen la fórmula".

"Sobre la mesa está la herramienta jurídica adecuada: una prórroga automática de todos los contratos. Una medida de sentido común, que ya se aplicó en la pandemia por este mismo Gobierno, que protegerá de manera inmediata a 1,6 millones de personas, y que no perjudica a nadie, salvo a quien pretenda utilizar la renovación de un contrato para subir un 40% el precio de las casas donde vive la gente. Nuestra posición es clara: la manera de atajar el problema es la prórroga, no los incentivos fiscales", concluyó.