Así lo precisó en declaraciones a los medios de comunicación en las que, en referencia a una encuesta conocida este lunes y que fue encargada por el grupo europarlamentario The Left al Ateneo del Dato sobre la prórroga de los alquileres y según la cual “tres de cada cuatro españoles están de acuerdo con la medida de la prórroga de los contratos de alquiler”.

“Es un clamor social”, aseveró Bustinduy, al tiempo que reivindicó que “la inmensa mayoría de la ciudadanía española”, en un “consenso transversal que va de izquierda a derecha”, porque “ese apoyo también es abrumadoramente mayoritario entre los votantes del PP e incluso de la ultraderecha”, apoyan una medida que ve “de interés general y de sentido común”.

Junto a ello, explicó que, según dicha consulta, hasta la mitad de los españoles “reconsiderarían” su voto en el caso de que la fuerza política a la que apoyan vote en contra de esta medida y que ese porcentaje “alcanza un tercio de los votantes del Partido Popular e incluso de la ultraderecha”.

“En estas semanas no hemos oído un solo argumento por parte de la derecha y de la ultraderecha para votar en contra de esta medida”, apostilló, al tiempo que volvió a “augurarles un enorme coste político si en esa votación deciden ponerse del lado de los grandes fondos financieros e inmobiliarias en lugar del lado de los inquilinos para proteger su derecho a seguir viviendo en su casa”.

VA A SALIR

Tras puntualizar que entre los votantes del PP “hay el doble de inquilinos que de caseros”, preguntó a los de Núñez Feijóo “a quién van a representar y a defender en esa votación” y afirmó que “no van a poder explicar otra posición” que no sea respaldar la medida, convencido de que “va a salir adelante porque es de interés general y es de sentido común”.

Preguntado por las negociaciones parlamentarias, el ministro reconoció que “antes de cualquier votación importante es normal que haya tensiones y que suban los decibelios entre las partes”, si bien llamó a “todos los actores” políticos a “reflexionar sobre lo que quieren sus votantes, sobre lo que les interesa a sus votantes”.

En este contexto, dijo espera que en los días que faltan “ese clamor social se acabe imponiendo por encima del ruido y por encima de las tensiones” y avanzó que Sumar va a “negociar por tierra, mar y aire hasta el último segundo para que salga adelante”.

En la misma línea, admitió “confiar” en que “se abra paso ese sentido común y que los partidos de la derecha también vean que no van a poder asumir el coste político que implica votar contra los intereses de sus propios votantes”, porque cuanto más se conoce esta medida, más apoyo tiene”.

“Porque la sociedad española reclama una intervención decidida para proteger a los inquilinos y a las inquilinas”, abundó, al tiempo que señaló que el día 28 en el Congreso se va a votar “si protegemos a los inquilinos o si blindamos el modelo de negocio de un puñado de agentes especuladores”.

REBAJAS FISCALES

Por último, se preguntó “cómo es posible que la derecha ande reclamando rebajas fiscales y alivio fiscal para las familias y vaya a votar en contra de un alivio fiscal directo, que supone un 10% de los ingresos para la mayoría de las familias en España”, convencido de que “quien vote en contra de este decreto ley no va a poderlo justificar y va a pagar un altísimo coste político y electoral por ello” y de qu4e el PP “va a tener que dar muchas explicaciones”.

“Si los inquilinos piden la prórroga, si la sociedad civil se moviliza y si los votantes, también los de derechas, les hacen saber a sus representantes que quieren que su interés se ponga por delante del interés económico de un puñado de operadores financieros, esta medida va a salir adelante y vamos a ganar esta votación, estoy absolutamente convencido de ello”, remachó.

Por el contrario, hizo hincapié en que, “si no es así, si la derecha vota en contra de este decreto ley, va a pagar un altísimo coste político por ello”, teniendo en cuenta, además, la “auténtica avalancha” de solicitudes y el “clamor social” porque con esta medida “no pierde nadie” y “para dos millones y medio de españoles supone un alivio esencial, imprescindible”:

“Cualquier solicitud de prórroga que se haga con este decreto ley en vigor es válida y es obligatoria y va a prorrogar durante dos años los contratos de alquiler en las mismas condiciones que están vigentes y va a topar en el 2% la actualización de las rentas de alquiler, lo que también supone un importantísimo ahorro para todas las familias españolas que viven de alquiler”, concluyó.