El titular de Consumo se pronunció así en una rueda de prensa en la que dio cuenta del expediente abierto por su departamento a una gran inmobiliaria que alquila "miles de viviendas" en numerosas ciudades españolas.

Según detalló Bustinduy, durante una investigación Consumo detectó cuatro potenciales infracciones que podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros cada una, o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

El ministro recordó, no obstante, que "la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación", pero llamó a los inquilinos que "identifiquen prácticas abusivas en sus contratos" a que denuncien "ante las autoridades locales de Consumo, también ante las organizaciones de consumidores".

"En esta legislatura creo que hemos demostrado con hechos nuestro compromiso", aseveró. En este sentido, dijo, su Ministerio se rige por un "principio muy sencillo, que es que en este país se respeten los derechos de los consumidores, sin importar cómo de grandes o de poderosas sean las empresas afectadas".

"Lo hemos hecho en el ámbito del juego 'online'; lo hemos hecho en el ámbito del comercio electrónico con las falsas rebajas; lo hemos hecho en el ámbito de las plataformas de pisos turísticos; lo hemos hecho con las aerolíneas 'low cost' y también lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados", defendió.

De este modo, Bustinduy recordó que la Dirección General de Consumo está vigilante ante las prácticas abusivas. Entre esas prácticas se encuentran la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago, la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión, la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda y la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de dichos suministros.

El ministro también recordó que el pasado mes de abril Consumo impuso a la compañía Alquiler Seguro una multa de 3,6 millones de euros por vulnerar los derechos de los consumidores.

PRÓRROGA DE ALQUILERES

Bustinduy también insistió en que el Ejecutivo va a "volver a llevar la prórroga de los contratos de alquiler" al Congreso y afirmó que está trabajando "con total discreción" para "reunir las condiciones para que salga aprobada".

En este sentido, aseveró que en el debate parlamentario relativo a esta medida "quedó expuesto de manera evidente que no había un solo argumento real para oponerse a proteger a 3 millones de compatriotas a los que les vence el alquiler este año y el que viene". Y defendió que su objetivo es que "nadie se vea expuesto a un mercado secuestrado por una lógica de especulación salvaje". "Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que así sea", concluyó.