Así lo precisó el Ministerio en un comunicado en el que explicó que en la reunión estuvo presente el presidente de la OCU, Miguel Angel Feito; su directora, Esther Rodriguez, su directora de comunicación y relaciones institucionales, Ileana Izverniceanu, y su portavoz Enrique Garcia, quienes mostraron su respaldo al real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo para prorrogar los contratos de alquiler que finalizan este año o en 2027 y que debe convalidarse próximamente en el Congreso de los Diputados.

Ante la actual situación de “excepcionalidad”, la OCU transmitió a Bustinduy su “apoyo” a este decreto que el propio ministro impulsó en el seno del Gobierno de coalición junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz y reclamó al Ejecutivo “ir más allá”, según el Ministerio.

La organización considera que la prórroga es “una medida que puede aliviar situaciones concretas”, pero demanda más medidas que puedan resolver el problema de fondo.

En paralelo, sus representantes defendieron “soluciones estables” que garanticen más vivienda pública en alquiler y más seguridad jurídica y mostraron su “voluntad” de atender a todos los consumidores afectados.

Además, en la reunión se analizó la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro que Consumo ha ratificado esta semana por prácticas “abusivas” contra los inquilinos y cuyo expediente se puso en marcha gracias a las denuncias presentadas por asociaciones como la propia OCU.