Así lo reclamó en declaraciones a los medios de comunicación previas a su visita, junto a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, al barrio de Palos de Moguer en Madrid, para conocer la problemática de los pisos turísticos ilegales en este distrito (Arganzuela) y en las que lamentó que, “en un triángulo muy pequeñito” de la ciudad, se “acumulan más de 100 pisos turísticos ilegales” ante la “total inoperancia” de las administraciones “para poner coto a esta situación verdaderamente inaceptable”.

Tras recordar que “hace casi un mes” que su gabinete solicitó a Almeida una reunión y envió al consistorio madrileño documentación que “certifica” la existencia de “más de 15.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad de Madrid”, destinados a dicho uso “de manera fraudulenta o irregular”, y que dicha documentación contiene “evidencias que tienen carácter probatorio”, por lo que “se pueden utilizar para incoar expedientes sancionadores”, Bustinduy criticó que su Ministerio no ha recibido “ninguna respuesta” ni ha observado “ninguna iniciativa” por parte del Ayuntamiento para “asumir su responsabilidad y poner fin a esta situación de flagrante ilegalidad”.

“Lo único que he escuchado del alcalde Almeida han sido un par de ocurrencias y algún ataque de dudoso gusto al Gobierno de España”, agregó, al tiempo que reiteró el “ofrecimiento” de Consumo “a colaborar, a ofrecer toda la cooperación necesaria” para que la administración local madrileña “ponga fin a esta situación de flagrante ilegalidad”.

Junto a ello, el titular de Derechos Sociales y Consumo hizo referencia a unas declaraciones de Almeida en las que aseguraba que el 40% de esas viviendas “habían sido objeto de inspección” y señaló que “eso quiere decir que hay un 60% adicional de viviendas de las que tiene las direcciones postales y puede inspeccionar hoy mismo”.

PLAN DE CHOQUE

“Yo no tengo la certeza de que eso sea así, pero, de ser así, insto al Ayuntamiento de Madrid a que ponga en marcha un plan de choque de inspección, apertura de expedientes y cierre de los apartamentos turísticos ilegales” que el Ministerio de Consumo “le ha remitido hasta con las direcciones postales”, apostilló.

Asimismo, manifestó la “plena disposición” del Ministerio a mantener una reunión y a “cooperar de la manera que ellos deseen”, tanto al Ayuntamiento de Madrid como “a todas las instituciones públicas”, con el objetivo de “poner fin” a esta situación que, a su juicio, “está cercenando el derecho a la vivienda de millones de personas en nuestro país”.

En este contexto, demandó no solo al consistorio de la capital, sino “a todas las administraciones del país” y “todos los gobiernos del Partido Popular” que “exijan la retirada de los anuncios de los pisos turísticos ilegales”, convencido de que, “sin comercialización de los pisos turísticos ilegales, no hay pisos turísticos ilegales”.

“Esto es algo que deben y pueden hacer todas las administraciones locales y autonómicas del PP y si, como el alcalde de Madrid, el resto de administraciones del PP siguen insistiendo en no hacer nada, yo le pido al señor Feijóo que ponga orden, que haga que sus gobiernos intervengan sobre la que es la primera preocupación de la ciudadanía española, que es la vivienda”, prosiguió, consciente de que los pisos turísticos ilegales “son uno de los factores determinantes” que “influyen” en el “tensionamiento” de los precios de la vivienda en el mercado del alquiler en las grandes ciudades españolas.

LEY DE VIVIENDA

En paralelo, Bustinduy también exigió a Feijóo que “haga que sus gobiernos apliquen la ley de vivienda, que introduzcan los topes a los alquileres”, al tiempo que subrayó que la “experiencia” en Cataluña “ha demostrado que es un buen primer paso para poder atajar la crisis de la vivienda que afrontan las mayorías trabajadoras en nuestro país”.

“Se puede actuar, tienen las herramientas para hacerlo y, de nuevo, exigimos a las administraciones locales y autonómicas que requieran la retirada de los anuncios de los pisos turísticos ilegales y que apliquen la ley de vivienda para poder introducir topes al precio de los alquileres en nuestro país”, insistió, al tiempo que explicó que su cartera tiene tres expedientes sancionadores abiertos en materia de vivienda y “está actuando y va a actuar con toda la firmeza necesaria en una crisis como la de la vivienda”.

En la misma línea, quiso “reiterar” su “llamamiento” a “toda la ciudadanía” a que, “cuando sea víctima de cláusulas abusivas o de prácticas abusivas” por parte de los agentes comerciales, lo “denuncie ante las autoridades de consumo autonómicas y locales y ante las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores”.

“No podemos tolerar que, en el ámbito de la vivienda, impere la ley de la selva. No podemos consentir que se normalicen prácticas abusivas, fraudulentas o ilegales y, por eso, reiteramos el llamamiento a todas las administraciones públicas, sean del signo político que sean, a que intervengan para hacer algo tan sencillo como garantizar que se cumpla la ley”, sentenció, al tiempo que afirmó que “no puede ser que campen a sus anchas” los “intereses” de “grandes operadores comerciales” que se están “lucrando a costa del derecho a la vivienda de las mayorías trabajadoras en nuestro país”.

PROBLEMA FLAGRANTE

Preguntado por si considera que legalmente se puede impedir que fondos de inversión se hagan con las viviendas para transformarlas en viviendas turísticas, el ministro puntualizó que, “sea quien sea el operador comercial que haya detrás de una vivienda turística”, lo “primero” que sería “exigible, de sentido común” es “que se cumpla la ley”, consciente de que en España “hay un problema flagrante de ilegalidad y de tolerancia hacia esta situación de ilegalidad por parte de administraciones de todos los signos políticos”.

“Ya es hora de actuar, de decir basta; no puede ser que se consienta con los pisos turísticos lo que no se consentiría con ninguna otra actividad comercial”, advirtió, convencido de que, si un piso turístico carece de licencia para esa actividad, “debe ser cerrado de inmediato” y de que existen “mecanismos más que suficientes para poner coto a esta situación de flagrante ilegalidad”.

Por su parte, Bergerot reivindicó que las políticas puestas en marcha en este ámbito por el ministerio de Bustinduy “son un ejemplo de cómo se puede plantar cara al descontrol de los pisos turísticos desde el Gobierno de España” frente a una “pasividad tanto de Ayuso como de Almeida y a veces un poquito de tibieza desde el Ministerio de Vivienda”.

“Cerrar los pisos turísticos y fomentar su uso residencial sería la medida más inmediata y barata que puede haber para aumentar la oferta de vivienda y para bajar los precios de la vivienda en nuestra región”, abundó, al tiempo que emplazó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la creación de un registro regional de todas las viviendas de uso turístico “transparente y accesible” y a que “aumente todas las inspecciones y las sanciones” con el objetivo de “crear un régimen disuasorio para este tipo de negocio con un bien de primera necesidad”.

Por último, Maestre valoró que Bustinduy “ha hecho más desde su ministerio en dos años por la vivienda y contra la ilegalidad de los pisos turísticos ilegales que el alcalde Almeida en los últimos cinco”.