Así lo precisó Bustinduy en un hilo publicado en sus redes sociales en respuesta a la reacción de la multinacional al auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le insta a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplirían la legislación, de los 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos que el Ministerio le ordenó bloquear.

“Ayer, la justicia avalaba la orden de Consumo que requería a Airbnb eliminar más de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos. Pero la empresa insiste en que la crisis de vivienda no tiene nada que ver con el alquiler turístico”, denunció el ministro, al tiempo que reivindicó que el alquiler turístico “sí afecta a los precios de la vivienda”.

En este sentido, aportó datos según los cuales en Barcelona, entre 2012 y 2016, se produjeron aumentos de un 7% en el caso del alquiler y un 19% en compra en aquellos barrios con “mayor presencia” de Airbnb.

Junto a ello, el titular de Consumo criticó que la plataforma sostenga que el alquiler turístico “supone un porcentaje exiguo” del parque de vivienda y que su “peso” en el debate público “no corresponde con el peso en el mercado”.

“Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, se debe a que está desigualmente distribuido y concentrado en zonas turísticas y costeras”, abundó, para, a continuación, indicar que, según un informe del Banco de España, el alquiler turístico frente al total de alquiler residencial “llega a suponer más del 50% en las periferias de Málaga, Marbella o Elche”.

PROLIFERACIÓN MASIVA

A su vez, hizo hincapié en que la “problemática” de los pisos turísticos “no es sólo de índole económica, sino también social”, dado que su “proliferación masiva” está “expulsando” a los vecinos y está “convirtiendo los barrios en lugares desprovistos de tejido comunitario”.

“Esta no es la sociedad que defendemos”, aseveró Bustinduy, al tiempo que rechazó las “lógicas de un mercado desregulado”, esto es “ninguneo a los inquilinos y vulneración de derechos”.

En este punto, abogó por “obligar” a los grandes propietarios a ofrecer vivienda a precios asequibles, “sin vías de escape ni fórmulas opacas, cuando no directamente fraudulentas”.

En este contexto, reiteró que las herramientas “están ahí” y que las comunidades gobernadas por el PP “tienen la posibilidad de aplicar la Ley de vivienda para bajar por ley los alquileres” y, pese a ello, “no lo hacen”. “Hay agentes políticos que no quieren un mercado de la vivienda a precio regulado. Se acabaron las excusas”, sentenció.