Así lo aseveró en una entrevista en La 1, recogida por Servimedia, y en la que Bustinduy juzgó “un paso importante” que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya denegado la solicitud de medidas cautelares que pedía Airbnb tras la multa de Consumo y que haya sido obligada a abonar los 64.055.311 euros previstos en la multa que firmó el ministro Bustinduy en diciembre de 2025.

A este respecto, el titular de Consumo subrayó que, cuando él entró al Gobierno, “parecía que con la cuestión de los pisos turísticos no se podía hacer nada”. “Y de hecho la derecha, por ejemplo el señor Almeida en Madrid con 15.000 pisos turísticos ilegales, se jactaba de no hacer nada”, criticó.

“Pues nosotros dijimos que esto no puede ser y que en España la ley tiene que cumplirse y que hay que respetar los derechos de los consumidores y que los pisos turísticos ilegales son una afrenta, una lesión directa al derecho constitucional a la vivienda”, apostilló, al tiempo que señaló que, en este contexto, su gabinete se puso a “trabajar en ello”.

En la misma línea, frente a quienes “dijeron que era imposible”, Consumo abrió este expediente, lo concluyó con 64 millones de euros de sanción, que Aibnb “ha recurrido y la ha vuelto a perder en los tribunales”.

“Una vez más lo hemos ganado, como ha sucedido con las aerolíneas 'low cost'”, agregó, al tiempo que indicó que también lo ha “hecho con las rebajas falsas en el comercio electrónico, con operadoras de juego electrónico 'online'”. “En muchos ámbitos en los que nos decían que no se puede hacer nada y que son demasiado poderosas estas grandes empresas”.

En este sentido, defendió que el Ministerio, “haciendo las cosas bien”, impuso a Airbnb dicha sanción, la Justicia le “vuelve a dar la razón” y, a su entender, “lo más importante es que se refrenda una vez más el principio de que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley y que en España las leyes se cumplen y se respetan y los derechos de los consumidores también”.

“Paso a paso se puede avanzar, claro que se puede avanzar y se pueden defender los intereses de la gente común, trabajadora, de la ciudadanía frente a los intereses y la especulación de un puñado de grandes operadores que se están forrando con la crisis de vivienda”, abundó, convencido de que “es un paso importante”.

Por último, Bustinduy afirmó que “poco a poco” el Gobierno va “demostrando, con cierta obstinación, pero también con hechos demostrables que claro que se puede meter mano al problema de la vivienda y claro que se puede anteponer los intereses de la gente de a pie, de los inquilinos y de la ciudadanía frente a aquellos grandes operadores que se están lucrando con esta formidable crisis que acaban pagando las familias españolas en su día a día y que repercute muchísimo en el bienestar de las familias trabajadoras”.