Así lo precisó Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación previas a su visita al comedor escolar del CEIP Ana Soto en Albacete para conocer de primera mano su ejemplo de buenas prácticas en los comedores escolares y en las que aseguró que “a la patronal le diría que se indignen menos, que vociferen menos y que se ocupen de tratar mejor a los clientes, que les va a ir mejor a ellos también”.

En este contexto, el titular de Consumo quiso “hacer un ejercicio de pedagogía”, recordando que “una mala experiencia” con los servicios de atención a la clientela “es la principal fuente de insatisfacción que tienen los consumidores en España con las empresas”.

“Es la causa número uno de la insatisfacción”, advirtió, al tiempo que mencionó algunas prácticas como “que te tengan esperando eternamente escuchando una musiquita sin que te resuelvan un problema, que no entiendas la información que te están dando, o que no te resuelvan ese problema; por no hablar, por ejemplo, del bombardeo incesante de llamadas spam no consentidas que interrumpen la vida y molestan, o la renovación automática de suscripciones, que muchas veces nos enteramos solo cuando nos la cobran, o las reseñas falsas”.

“Es decir, una multitud de ámbitos que hacen que la experiencia de los consumidores sea negativa en muchos casos”, abundó, al tiempo que avanzó que la nueva norma va a “mejorar los servicios de atención a la clientela”, convencido de que esto, “lejos de ser una intromisión, una interferencia o un coste para las empresas, va a ser positivo para su desempeño económico”, dado que “una clientela más satisfecha hará que su desempeño sea mejor”.

13 MILLONES DE ESPAÑOLES

Tras puntualizar que, “en todo caso, en este ámbito, como en cualquier otro”, el ministerio va a “defender los derechos de los consumidores”, Bustinduy explicó que la ley, que está en negociación en el Congreso de los Diputados, “también va a recoger el derecho que tienen 13 millones de compatriotas a expresarse en una de las lenguas cooficiales del Estado”.

“Las lenguas que utilizan en su día a día, en su familia, en su trabajo, que las puedan utilizar también en sus comunicaciones y reclamaciones ante grandes empresas”, reivindicó, al tiempo que hizo hincapié en que es “algo que ya sucede en muchos casos”, porque “muchas de esas empresas ya lo hacen”.

A este respecto, señaló que las empresas que estarían obligadas son aquellas de más de 250 trabajadores que facturen más de 50 millones de euros; es decir, aclaró, “no estamos hablando del comercio”, sino de proveedores de energía, gas, telecomunicaciones, internet, aerolíneas, grandes plataformas de comercio electrónico, que operan en el conjunto del Estado y que, a su entender, “es normal y es de sentido común que ofrezcan servicio de atención a la clientela en las lenguas cooficiales del Estado allí donde las hablan”.

“Creo que es una polémica que se ha exagerado, que se ha inflado, que se ha utilizado, además, con cierto reduccionismo, porque no estamos hablando de Cataluña y el catalán solo, es que las lenguas cooficiales en España existen en Galicia, en Euskadi, en el País Valenciano, en las islas Baleares”, remarcó, al tiempo que subrayó que “prácticamente un cuarto de la población las habla en su día a día”.

ES DE SENTIDO COMÚN

Por todo ello, aseveró que “es de sentido común” que las grandes empresas “que atienden en el conjunto del país y, por tanto, también en las comunidades autónomas donde se hablan estos idiomas, puedan atender las reclamaciones con total normalidad en lenguas cooficiales del Estado”.

“No hay polémica ninguna y es algo de sentido común”, deslizó, al tiempo que estimó que la “reacción airada” de la patronal “tiene que ver con intentar reaccionar ante lo que es un intento de profundizar los derechos de los consumidores”, porque esta ley “va a obligarles a que atiendan las llamadas para reclamaciones o consultas en menos de tres minutos, a que no te atienda un robot sino que te atienda una persona si así lo deseas y va a prohibir las llamadas spam”.

“Ellos lo llaman que la política interfiera en las decisiones de las empresas, yo lo llamo garantizar los derechos de los consumidores, los derechos a que nos traten bien, a que no nos estafen y no nos molesten y, por tanto, yo creo que esto es de sentido común”, sentenció, convencido de que la ley “va a ser muy positiva y es de interés general” y, por tanto, espera “que vea la luz cuanto antes y con el mayor consenso posible”.

En este sentido, admitió que le “gustaría” que la norma saliera, “si no por unanimidad, porque la ultraderecha no suele votar nada que vaya en el interés de las mayorías sociales, sí por lo menos con el apoyo más amplio posible”, al entender que “va a hacer la vida mejor y más fácil a los consumidores en España”.