Así lo defendió durante su primera comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que intervino a petición propia y de PP y Vox, con el objetivo de informar sobre las líneas generales de la política de su departamento para la presente legislatura, así como del Grupo Mixto para exponer sus propuestas con las que responder “especialmente” a las demandas de Canarias.

Insistió en que la iniciativa aprobada en la última reunión del Consejo de Ministros “tiene una dimensión muy ambiciosa", porque, dijo, "apunta hacia un cambio de modelo” en la provisión de asistencia material básica que, a su juicio, “sirve para dignificar y desestigmatizar algunos de estos programas”.

“Tampoco es la primera vez que esto sucede ni en nuestro país ni en Europa, hay experiencias piloto con resultados ampliamente demostrados”, subrayó, para puntualizar que el “ámbito de aplicación restringido” de esta iniciativa es resultado de una “negociación” con la Comisión Europea que, “en línea” con la Garantía Infantil Europea y “debido a los altos índices de pobreza infantil” en España “solicitó” al Gobierno “intervenciones específicas en este sentido” a la hora de diseñar este nuevo Fondo Social Europeo Plus, en el que se enmarca el programa.

A este respecto, agregó que este programa se dirige a las familias con hijos “porque busca, en consonancia con los mandatos que hizo la Comisión Europea, atajar específicamente esa realidad de la pobreza infantil en España”.

“¿Quiere decir esto que nos ceñimos exclusivamente a esa población? ¿Quiere decir esto que va a haber gente que se va a quedar desatendida? ¿Quiere decir que las familias sin hijos, con hijos mayores de edad, las personas solas, las personas sin hogar se van a quedar sin ayuda? Radicalmente no, absolutamente no”, reiteró, para aclarar que se trata de un “programa entre otros programas que existen y a los que no va a sustituir”.

En este punto, incidió en que “no solo no va a sustituir esos programas, sino que se va a financiar con el tramo estatal del fondo, con los fondos que le corresponden a la Administración General del Estado, liberando, por tanto, el tramo de recursos autonómicos para que los puedan dedicar a programas adicionales o ya existentes que puedan cubrir otras necesidades y a otros colectivos”.

Junto a ello, recordó que la medida adoptada “concierne a un periodo de transición por razones de urgencia también”, que va desde el día 1 de abril, que es cuando terminaban las entregas de alimentos del programa anterior, al 1 de enero de 2025, cuando serán las autonomías las que “van a asumir no solo la gestión, sino la responsabilidad del diseño de estos programas", porque, a su entender, "son quienes mejor conocen cuáles son las necesidades territoriales y socioculturales de su propio entorno”.

BANCOS DE ALIMENTOS Y TERCER SECTOR

En paralelo, advirtió de que, “al mismo tiempo”, el Gobierno y su gabinete “en particular” va a “seguir financiando” a la Federación Estatal de Bancos de Alimentos, así como a las entidades del tercer sector. “No va a haber ni una dejación de funciones ni un abandono a su suerte de nadie”, sentenció.

A continuación, hizo hincapié en que se trata “sencillamente” de la “aplicación” de un programa europeo “que apunta hacia un cambio de modelo” que dijo “esperar” que “pueda servir como horizonte”, si bien será necesario “evaluar en la práctica cómo funciona”, pero que, pero que, repitió, “va a mejorar la provisión de esta asistencia”.

“Estamos convencidos de ello y va a marcar un camino”, abundó, al tiempo que explicó que se ha elegido a Cruz Roja Española para gestionar el programa porque la organización “tiene la suficiente implantación territorial y la suficiente experiencia gestionando ya programas de esta naturaleza como para poder dar garantías de éxito en esta experiencia de transición que sólo va a durar unos meses”.

El titular de Derechos Sociales volvió a indicar que se trata de un “programa de transición bajo condiciones de urgencia, porque había una fecha perentoria marcada por el final del programa anterior” y con el cual el Gobierno ha “asumido una responsabilidad”, convencido de que se trata de “una solución satisfactoria”.

"Da tiempo y recursos a las comunidades autónomas para que se organicen de la manera que consideren mejor para asumir la gestión de este programa, que no sustituye a otros que ya existen, a partir del día 1 de enero”, manifestó.

En este sentido, frente a las críticas a la propuesta, estimó que “lo importante es que la política pública funcione” y que esta medida “traerá muchas cosas positivas”. “Medidas como esta son útiles para paliar pobreza y dignificar la provisión de asistencia, pero son absolutamente parciales e insuficientes”, admitió, al tiempo que abogó por “tener una conversación de fondo sobre las causas estructurales” de dicha pobreza.

Según su punto de vista, el debate debe “incluir” también una “investigación” sobre los “márgenes extraordinarios obtenidos a lo largo de la cadena alimentaria” así como otra “específica” sobre “posibles prácticas fraudulentas con los productos con IVA rebajado”.

Para Bustinduy resulta “injustificable que haya quien haya aprovechado esa reducción temporal del IVA para proteger a los consumidores más vulnerables para inflar sus márgenes de beneficio”, por lo que se comprometió a hacer “todo lo que sea menester para impedir que eso sea así”.