Así lo reclamó durante su intervención en la conmemoración del Samudaripen, un memorial con el que se rinde homenaje a las más de medio millón de personas de etnia gitana que fueron perseguidas, confinadas y asesinadas durante el Holocausto de la II Guerra Mundial y en el que juzgó “incomprensible” que una calle “honre al responsable de lo que hoy se puede considerar como crímenes contra la humanidad”.

En el transcurso de su alocución, Bustinduy, que presidió el acto, reivindicó “memoria, dignidad y justicia para el pueblo gitano”, y demandó construir entre todos un futuro en el que “jamás se vuelva a aceptar la discriminación ni la violencia contra la población gitana”.

El ministro de Derecho Sociales también llamó a “tomar partido en las demandas del pueblo gitano” y, en este sentido, quiso hacerse “eco” de una “petición y demanda histórica”, como es la de cambiar el nombre de la calle Marqués de la Ensenada, que puntualizó, “fue responsable de diseñar e implementar ‘La Gran Redada’, un plan infame para exterminar a la población gitana”.

En este punto, el titular de Derechos Sociales explicó que esa calle “linda” con la sede del Tribunal Supremo y aseveró que “no es comprensible, no es aceptable que una institución como el Tribunal Supremo, símbolo de la justicia en una sociedad democrática, linde hoy con una calle en Madrid que honra a una figura responsable de lo que hoy no dudaríamos en denominar crímenes contra la humanidad”.

RESPONSABLE DE LA GRAN REDADA

“Una institución tan importante no puede estar asociada a una figura así en una sociedad democrática”, agregó Pablo Bustinduy, al tiempo que instó al regidor madrileño a seguir el ejemplo de ciudades como Lleida o Cádiz, que ya retiraron de su callejero el nombre del Marqués de la Ensenada, que, recordó el ministro, fue “responsable de diseñar e implementar la Gran Redada, el plan para perseguir, encarcelar y exterminar a la población gitana de este país por el simple hecho de serlo”.

En paralelo, Pablo Bustinduy mencionó también lo ocurrido a principios de agosto de 1944, cuando cientos de miles de personas gitanas fueron exterminadas en los campos nazis, así como deportadas, separadas de sus familias o sometidas a esterilización y experimentos médicos.

Para el ministro, “fue una de las épocas más duras y brutales de nuestra historia y especialmente de la historia del pueblo gitano, con un genocidio que nos deja una huella imborrable y terrible”, razón por la cual, además, lamentó que las víctimas del Samudaripen “hayan sido olvidadas durante tanto tiempo por las democracias europeas”.

En este contexto, advirtió de que, si los derechos humanos “pasan a un segundo plano, acaba imperando la ley del más fuerte y la ley del olvido, se agravan las desigualdades y crecen los discursos de violencia, exclusión y odio siempre en busca de un chivo expiatorio”.

AVANZAR EN DERECHOS ES UNA PRIORIDAD

“Para el Gobierno, avanzar en derechos para el pueblo gitano ha sido y es una prioridad. Y esto es algo que no podría salir adelante sin la crucial participación de la comunidad gitana en espacios institucionales a nivel nacional y europeo”, resolvió, al tiempo que deseó que “aquel horror impensable nunca se relativice o se minore”.

El acto también contó con la intervención del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, quien destacó el impulso de la comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, que fue aprobada recientemente por el Consejo de Ministros y que está prevista en la Ley de Memoria Democrática.

Según detalló, esta comisión deberá, en el plazo de un año, elaborar un informe sobre las medidas necesarias para la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España.

El evento fue clausurado por la secretaria de Estado de Derechos Sociales y presidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Rosa Martínez, y contó, además, con las intervenciones de la directora general de Igualdad de Trato, no Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo de los Reyes; el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández Jiménez; el presidente de Unión Romaní Madrid, Miguel Palacios Carbonell; y la vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago Reyes.