Así lo defendió Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación realizadas en los pasillos del Congreso de los Diputados tras la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja y en las que se pronunció sobre el pacto alcanzado con Junts para obligar a las grandes empresas a atender en catalán a sus clientes, posibilidad que ve “sensata, razonable y de sentido común”.

Tras puntualizar que el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela “está en negociación todavía con todos los grupos parlamentarios” en el Congreso de los Diputados, aseveró que dicha ley “va a proteger y a mejorar los derechos de los consumidores en toda España”.

“Esta ley incluye, por ejemplo, la prohibición de las llamadas spam, incluye el derecho a que te atiendan en menos de tres minutos cuando haces una reclamación y también que te atienda una persona y no una máquina”, detalló, al tiempo que subrayó que, en virtud de los “acuerdos” que el Ejecutivo está “negociando con todos los grupos parlamentarios”, incluye “también, el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales”.

El ministro recordó que se trata de “algo que está reconocido en la Constitución y en los estatutos de autonomía”, convencido de que “es sensato, razonable y de sentido común” que las grandes empresas, esto es, aquellas con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de euros de facturación, “atiendan a los ciudadanos en las lenguas cooficiales que tienen el derecho a utilizar”.

PASO EN LA BUENA DIRECCIÓN

“Creo que es un paso en la buena dirección”, reivindicó, al tiempo que admitió “entender” que “este es un tema que la derecha ha decidido utilizar políticamente en esta legislatura”. “Vimos a la señora Ayuso levantarse de una conferencia de presidentes mientras presidentes autonómicos del PP se expresaban en sus lenguas con total normalidad”, criticó, al tiempo que reiteró el objetivo del Gobierno de “garantizar que los consumidores puedan efectuar sus reclamaciones en la lengua oficial que utilizan normalmente”.

Preguntado por si la medida se implantará en toda España, el titular de Consumo hizo hincapié en que la ley “está en negociación todavía con todos los grupos parlamentarios” en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso y en que la “voluntad” del Gobierno y del ministerio que él dirige es “poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales”.

“Esto es creo que un avance en derechos”, apostilló, para, a continuación, valorar que es “normal” que las grandes empresas “reconozcan” el derecho de los usuarios “a utilizar la lengua cooficial que está reconocida como tal cuando realizan comunicaciones o reclamaciones ante una empresa”.

“Creo que es algo de sentido común, creo que es algo positivo y confío en que esta ley, que incluye muchas más cosas, como, por ejemplo, la prohibición de las llamadas spam, que es algo que afecta a todo el mundo y que hay un clamor social para que salga adelante, vea la luz cuanto antes”, manifestó.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS

En este contexto, apuntó que la “cuestión” de “garantizar los derechos lingüísticos” de los consumidores “es algo que no es nuevo, no es de ahora”. “Ya en la legislatura pasada se negoció y se acordó y esto lo apoyó el PP, porque el PP ha defendido tradicionalmente el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales”, agregó, convencido de que en esta legislatura la derecha “está intentando utilizar cualquier asunto para generar crispación y un clima irrespirable”.

Frente a ello, “con total normalidad”, el Ejecutivo, “por supuesto, defiende las lenguas cooficiales en España”. “Defendemos los derechos lingüísticos y defendemos que, con total normalidad, se puedan utilizar también en el ámbito de las relaciones comerciales”, abundó.

En paralelo, Bustinduy incidió en que se han presentado “cientos de enmiendas” a la ley, porque “ha generado mucho interés”. “Estamos en proceso de negociaciones con todos los grupos parlamentarios y, por tanto, será la ponencia de la ley en el Congreso donde el texto definitivo con las enmiendas pertinentes se acabe negociando”, explicó, al tiempo que dijo “esperar” que “esto pueda suceder cuanto antes”, al entender que la normativa “va a suponer un antes y un después en la protección de los derechos de los consumidores”.

“La insatisfacción con la atención a la clientela es la principal causa por la que los españoles se quejan del trato que reciben por parte de las empresas. Todo el mundo lo conoce: esperas eternas al teléfono, que no te contestan, que te ponen una máquina; esto es un problema específicamente para las personas mayores también”, remarcó, al tiempo que indicó que la ley “va a garantizar que se respeten los derechos a que te atiendan rápido, a que te atienda una persona, a que no te llamen a cualquier hora y también a poder utilizar la lengua en la que te expresas habitualmente”.

DE SENTIDO COMÚN Y MUY POSITIVO

Bustinduy estimó que es “algo de sentido común y muy positivo”, al tiempo que deslizó que la de las lenguas cooficiales, que “existen” en distintos territorios, “es la realidad constitucional y estatutaria de nuestro país”, razón por la cual la ley “va a garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizar la lengua en la que se expresen habitualmente cuando estén reclamando o se estén comunicando ante una gran empresa”.

“No estamos hablando de una ferretería, no estamos hablando de un pequeño comercio, estamos hablando de grandes empresas que ofrecen sus servicios en el conjunto del Estado y que, por tanto, es normal que incorporen mejoras a la atención que prestan a los clientes”, sentenció, para, a continuación, señalar que “esas mejoras tienen que ver con la lengua y tienen que ver con muchas más cuestiones”, entre las que mencionó “tratar mejor a los consumidores en España”, algo que juzgó “muy necesario” y que, a su entender, “la mayor parte de la gente está de acuerdo en que es de sentido común”.

Por último, cuestionado por si ya hay algún acuerdo cerrado con algún grupo parlamentario en relación con esta ley, Bustinduy confirmó que el Gobierno tiene “multitud de acuerdos con muchos grupos parlamentarios, también con otros ministerios” y avanzó que, en la fase de ponencia, es “cuando todos esos acuerdos con todos los grupos parlamentarios tienen que consolidarse en un texto definitivo” que él espera que “sea lo más ambicioso y lo mejor posible”.