Así lo defendió en el transcurso de la reunión que mantuvo con representantes de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), que agrupa a 75 entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la infancia, y en el marco de la cual también anunció el “inminente” inicio de la tramitación de la Ley de Familias, según precisó su departamento en un comunicado emitido al término del encuentro.

Bustinduy aseguró que esta prestación es “necesaria” y expuso los detalles de su propuesta, señalando, en primer lugar, que España ya cuenta con una prestación “casi universal” por crianza que abarca desde el nacimiento del bebé hasta los tres años, si se incluyen, por un lado, la deducción por maternidad del IRPF, de 100 euros al mes, y, por otro lado, el complemento a la infancia que contempla el Ingreso Mínimo Vital.

No obstante, el titular de Derechos Sociales advirtió de que esto “no es suficiente” y avanzó que trabajará para “ampliar” la deducción por maternidad hasta los seis años, con el fin de “ampliar así su cobertura”.

En paralelo, estimó que “se debe ir más allá” y, en esta línea, apostó por implantar la prestación universal por crianza, tal y como reclaman las organizaciones de infancia, como la propia POI, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que emplazó a España a aplicar esta medida.

UNA EXCEPCIÓN INCOMPRENSIBLE

A este respecto, el ministro aseveró que es “una excepción incomprensible” que España no tenga esta prestación como sí la tienen otros países del entorno y relacionó lo que calificó como una “anomalía” con la “infrafinanciación estructural” que, según su criterio, “sigue habiendo en nuestro país en materia de infancia y protección social”.

“Revertir esta situación es un reto de país que es fundamental abordar”, sentenció Bustinduy, en referencia también a la Ley de Familias, cuya tramitación empezará, dijo, “de forma inminente” con la aprobación de su anteproyecto.

Junto a ello, en la reunión también tuvo la ocasión de tratar cuestiones referidas al área de Consumo con un “gran impacto en la infancia”, como, por ejemplo, las iniciativas para regular la publicidad de alimentos no saludables dirigida al público infantil o para “fomentar” los comedores saludables y sostenibles en los centros educativos que dependen de las administraciones públicas.

A su juicio, son iniciativas “fundamentales” para “luchar” contra la obesidad infantil, un problema que, según puntualizó su gabinete, “ya afecta a uno de cada tres menores en España de entre 8 y 16 años”, tal y como refleja el estudio Pasos, auspiciado por la Gasol Foundation.