UN CABO DE LA GUARDIA CIVIL ACUSA DE CORRUPTO A UN SARGENTO POR PERMITIR CONTRABANDO

SAN SEBASTIAN
SERVIMEDIA

El cabo de la Guardia Civil Antonio Cruz declaró hoy en el juicio contra un sargento de la Benemérita y un guardia de seguridad, acusados de un delito de soborno, que en el acuartelamiento de Inchaurrondo de San Sebastián era conocida la corrupción de algunos de sus miembros.

En la tercera jornada del juicio que se celebra en la udiencia donostiarra, en la que los procesados están acusados de haber sobornado a guardias civiles para permitir el contrabando por las costas guipuzcoanas, declaró también el sargento Juan Miguel Castañeda, quien sospechó que estas acciones se estaban llevando a cabo.

Cruz confirmó que vivió un auténtico calvario cuando denunció el hecho de que el sargento Enrique Dorado Villalobos, uno de los procesados en esta causa, era el enlace entre los contrabandistas y miembros de la Guardia Civil.

El cbo aseguró que sufrió presiones, amenazas y chantajes hasta conseguir un nuevo destino en la provincia de Jaén por parte de sus superiores y compañeros. Además, declaró que el empresario asesinado por ETA en enero de 1993, José Antonio Santamaría, era el jefe del grupo de contrabandistas que quiso captarle, y que Dorado Villalobos era su enlace, mientras que el segundo de los encausados, Pedro Luis Migueliz, encargado de seguridad de la discoteca Ku, hacía las funciones de correveidile.

Según Antonio ruz, Santamaría le entregó medio millón de pesetas a cambio de que cuando fuera avisado, la Guardia Civil relajara la vigilancia en el lugar donde se iba a introducir el contrabando, que, aunque nunca vio de qué se trataba, se mostró convencido que era tabaco.

Anteriormente había declarado el sargento Castañeda, quien ordenó al cabo que aceptase integrarse en esa trama de corrupción si era requerido para ello por algún miembro de la Guardia Civil.

El cabo y el sargento tuvieron algunas lagunas ensus declaraciones, como la de quién tenía la cartilla en la que se ingresaba el dinero o quién hizo los dos últimos ingresos.

Los dos testigos denunciaron sus sospechas ante la fiscalía el mismo año de los hechos, 1988, aunque decidieron esperar hasta poder desenmascarar la trama completa, lo que no se pudo llevar a cabo, ya que se hizo público un informe del fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, Luis Navajas, hoy día archivado, en el que se presentaban las sospechas de que altos mandos de lasfuerzas de seguridad del Estado estarían implicados en este tipo de asuntos. El juicio quedará mañana visto para sentencia.

(SERVIMEDIA)
13 Abr 1994
C