Tal y como detalló este martes la Policía Nacional en un comunicado, la investigación comenzó en septiembre a raíz del robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche (Alicante), donde se sustrajeron unos 8.800 euros en efectivo. Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a los presuntos autores y constataron que se trataba de un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos contra el patrimonio con carácter itinerante. Así, pudieron relacionarlos con otros diez delitos, entre ellos el hurto en un furgón blindado en Ibiza en el que se hicieron con 60.000 euros en efectivo.

Fruto de las pesquisas llevadas a cabo, los investigadores detectaron que los miembros de este grupo se desplazaban siempre en autocaravana por todo el país sin contar con un domicilio conocido en España. Todos estaban especializados en dos delitos en concretos: robo con fuerza y hurtos de cajas fuertes, así como el robo con fuerza en el interior de vehículos. Para cometer los hechos, siempre en zonas de alto poder adquisitivo y turístico, actuaban de forma coordinada y realizaban labores de vigilancias previas y seguimientos, siendo su objetivo la sustracción de dinero, joyas o dispositivos electrónicos.

Al mismo tiempo, los agentes descubrieron que los componentes de este grupo disponían de multitud de identidades y documentaciones falsa, llegando a tener uno de ellos hasta 24 identidades diferentes.

Finalmente, los agentes detectaron el desplazamiento en autocaravana del grupo desde Niza (Francia), donde residían, hasta la Costa del Sol. Fueron localizados y detenidos cuando se encontraban en la localidad de Benalmádena, donde los agentes registraron el vehículo. En su interior localizaron diferentes escondites (caletas) en los que ocultaban los efectos robados. En total, los efectivos policiales encontraron 24.000 euros en efectivo, otros 1.000 en moneda extranjera, una moneda de oro de 100 francos, numerosos dispositivos electrónicos de gran valor y diversas joyas.

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo, los agentes pudieron esclarecer 25 hechos delictivos contra el patrimonio, los cuales habían sido cometidos en localidades de Alicante, Málaga, Baleares y la Comunidad de Madrid. En total, estiman que el perjuicio económico generado asciende a unos 200.000 euros.