Según informó el Ministerio del Interior, los dispositivos eran fabricados en China y enviados a un almacén de Madrid, desde donde se distribuían por paquetería a clientes finales o se exportaban al por mayor a otros países europeos donde eran vendidos por terceros.

La investigación se inició en septiembre cuando dos empresas productoras de contenido audiovisual, Mediapro y ACE, denunciaron que se estaban vulnerando derechos de propiedad intelectual de los que eran titulares. Tras varias gestiones, los agentes constataron la existencia de una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, dedicada a la fabricación y distribución de decodificadores manipulados que permitirían acceder a contenidos audiovisuales de pago de forma fraudulenta.

La organización ofertaba los decodificadores a través de diferentes plataformas web y, además, contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que explicaban cómo configurar los dispositivos y desde el que ofrecían soporte técnico.

Los agentes detuvieron a seis personas e intervinieron 24.430 decodificadores, desconectando del servicio a 12.000 clientes. El análisis de las cuentas bancarias de los investigados reveló unos ingresos derivados de la actividad ilícita de 1,2 millones de euros entre 2017 y 2021.