Tal y como confirmo este jueves el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó como resultado del análisis de la inteligencia obtenida de un “objetivo de alto valor” dentro del ámbito del narcotráfico a nivel nacional e internacional. De esta forma, se detectó una compleja estructura empresarial diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de múltiples empresas.

A raíz de estas primeras informaciones, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), iniciaron la investigación, bautizada como ‘Trajano 23 Sorela’, codirigida por la Fiscalía Antidroga.

La investigación se inició en agosto de 2025 y, según destacó la Guardia Civil, ha exigido de un “minucioso trabajo policial” para desentrañar el complejo entramado societario diseñado para el blanqueo.

Los agentes analizaron la actividad de empresas de distintos ámbitos, incluyendo el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos. Todas formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal.

Fruto de las pesquisas, los investigadores identificaron la participación de los detenidos en el sector de la organización y promoción de importantes eventos musicales y de ocio, la cual se materializaba fundamentalmente en la posesión de acciones en la mercantil que explota un conocido festival musical.

Los ámbitos de actividad explotados por la organización, detalló la Guardia Civil, se caracterizan por el “elevado manejo de dinero en efectivo” de sus integrantes y la canalización y transacción de “elevados movimientos económicos” entre sociedades, constituyendo estas características el “escenario perfecto para la aparente legitimación de las importantes partidas de efectivo provenientes del ilícito previo: el tráfico de drogas”.

Finalmente, el pasado 1 de julio se llevó a cabo la explotación de la operación con 15 registros en distintos domicilios, oficinas y negocios pertenecientes a los integrantes de la organización, ubicados en las localidades de Dos Hermanas y Pilas en la provincia de Sevilla, así como en El Puerto de Santa María y en Cádiz capital.

En ellos, la Guardia Civil intervino 1.860.400 euros en metálico, diez relojes de alta gama, diversas joyas de alto valor económico y piezas de oro, además de diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama.

Paralelamente, se embargaron de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera el millón de euros. Junto a esto, se procedió al bloqueo de una veintena de cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y jurídicas involucradas en la trama delictiva investigada, cuyo ”elevado saldo denota la gran rentabilidad de las actividades empresariales y el enriquecimiento de las personas físicas investigadas”, superando el millón de euros conjuntamente.

La operación se saldó con la puesta a disposición judicial de 11 personas en calidad de detenidos y una como investigada, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, todo ello relacionado con organizaciones criminales vinculadas con delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, siendo decretado el ingreso en prisión de dos de ellos como principales cabecillas de la trama.