Según informó este viernes, las investigaciones comenzaron en junio del año pasado, tras detectar "irregularidades" en varios obradores de pan situados en las localidades palentinas de Aguilar del Campoo y Ampudia.

Los agentes corroboraron que la organización criminal se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras mediante "engaños administrativos, amenazas y vigilancia permanente". El método empleado consistía en la obtención de certificados de insuficiencia de candidatos emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, documentos que posteriormente eran utilizados para tramitar autorizaciones de residencia y trabajo.

Así, para la gestión de estos trámites se realizaban pagos en efectivo, que oscilaban entre los 15.000 y 20.000 euros, los cuales eran canalizados a través de intermediarios. Una vez en España, las víctimas eran sometidas a "constantes presiones y amenazas", advirtiéndoles de que, en caso de no cumplir las condiciones impuestas, se iniciaría la revocación de sus permisos de residencia y trabajo, con el consiguiente riesgo de perder su situación administrativa y ser deportados a su país de origen.

Asimismo, los trabajadores "eran aleccionados para no abrir a la Policía o mentir en caso de inspecciones de Trabajo", permaneciendo bajo vigilancia continua mediante sistemas de videograbación, lo que generaba "un clima permanente de miedo y coacción".

Según detalla la Policía Nacional, las personas explotadas vivían y trabajaban en condiciones "absolutamente inhumanas", siendo obligadas a desempeñar su labor en obradores de pan y pastelería donde las temperaturas superaban los 40 grados. Los agentes constataron que el empresario les prohibía abrir puertas y ventanas, "lo que agravaba aún más las condiciones ambientales, llegando las víctimas a desnudarse para poder soportar el calor extremo". Las jornadas laborales se extendían entre 10 y 17 horas diarias, todos los días de la semana, sin descanso, sin vacaciones y sin recibir compensación económica.

Además, los obradores presentaban "graves deficiencias higiénico-sanitarias, con presencia de insectos y roedores", lo que evidenciaba la "absoluta falta de medidas de salubridad". Asimismo, parte de las víctimas residía en viviendas ocupadas por el empresario o colindantes a los obradores, donde las facturas de consumo debía abonarlas el auténtico propietario, el cual "era sometido a coacciones por parte de los miembros de la organización criminal".

La operación concluyó con un amplio dispositivo que permitió la liberación de 12 víctimas y la detención de cinco personas en las provincias de Palencia (4) y Alicante (1), entre los que se encuentran los dos principales responsables de la red criminal. Durante la actuación se llevaron a cabo cinco registros, tres en domicilios y dos en obradores de panadería y repostería, que quedaron clausurados por orden judicial. Además, se intervinieron 3.000 euros en efectivo y abundante documentación.

Una vez concluida esta fase, los investigadores no descartan que, una vez analizado todo el material incautado, se produzcan nuevas detenciones "con el objetivo de lograr la completa erradicación del entramado criminal".