Según informó este miércoles el Ministerio de Hacienda y Función Pública, los agentes han detenido a 39 personas por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, contrabando e infracción a la Ley de Extranjería.

De los arrestados, 14 han sido detenidos en Madrid, cuatro en Sevilla, 15 en Girona, tres en Málaga y tres en Tenerife, y se han realizado 13 registros domiciliarios simultáneos y 22 inspecciones en almacenes y establecimientos abiertos al público en diferentes puntos de la geografía española.

Los agentes han intervenido 242.501 efectos, entre los que se encuentran equipaciones de fútbol, bolsos de lujo, calzado y joyas, que vulnerarían los derechos de propiedad industrial de marcas de reconocido prestigio, así como diversa fornitura para adherir a productos blancos y pegatinas para estampar en prendas de ropa.

Por otra parte, también han incautado 86.255 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, ‘tablets’ y ordenadores portátiles) y gran cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados.

'MODUS OPERANDI'

La organización modificaba constantemente su ‘modus operandi’, así como las formas de pago y las vías de entrada de la mercancía y de distribución del género, con la finalidad de evitar ser detectados.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal jerarquizada, integrada por ciudadanos senegaleses, asentada en España y perfectamente estructurada.

Esta red enmascaraba el origen ilegal de los beneficios a fin de integrarlos en los sistemas económicos y financieros legales tanto de España como de terceros países. Las falsificaciones unas veces se llevaban a cabo mediante la propia creación o importación de prendas de ropa, calzado, joyas, o artículos de marroquinería.

En otras ocasiones consistían en la unión del artículo en sí con la etiqueta, adhesivo o serigrafía distintiva e inconfundible de determinadas marcas, vulnerando así los derechos de propiedad industrial de las marcas registradas.

Los investigados llevaban operando desde, al menos, el año 2016. Por otra parte, evidenciaron que la organización contaba con una estructura piramidal, dinámica y con un claro y concreto reparto de las tareas ejecutivas entre sus miembros.

En la cúspide del entramado se encontraba una mujer que ejercía funciones de dirección y gestión. Esta se desplazaba, junto a terceras personas, de manera continuada y repetida a los países proveedores para importar los productos falsos y, a su vez, era la encargada de recepcionar la mayor parte de los beneficios económicos.

TOP MANTA

Una vez que los artículos se introducían en España eran repartidos, utilizando para su distribución puntos logísticos o empresas de paquetería. Esta tarea la llevaban a cabo los denominados vendedores relevantes o ‘buzones’. Por otra parte, se encontraba el jefe de distribución, a quienes los líderes darían instrucciones para que hiciera la distribución entre los vendedores relevantes.

En el último peldaño de esta red se encontraban los vendedores base, es decir, los destinatarios finales de los artículos falsificados. La mayor parte de ellos eran ciudadanos africanos en situación irregular, con escasos recursos económicos, y se dedicaban a comercializar directamente los productos a través del denominado ‘top manta’.

Estas personas recaudaban parte del beneficio obtenido para entregarlo a terceros que, a su vez, acumulaban dinero de diversas procedencias para reenviarlo a los niveles superiores de la organización.

Uno de los métodos para remitir el dinero utilizados consistía en realizar transferencias bancarias desde múltiples puntos de la geografía española, y se reintegraba en las localidades donde residían los líderes de la organización. La otra vía empleada era mediante envíos de empresas de paquetería o correspondencia postal a los domicilios de los jefes de la red criminal.

Por otra parte, las vías utilizadas para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas eran la creación de negocios con apariencia legal, como restaurantes, y el envío de dinero a su país de origen (Senegal) a través de mulas o mediante paquetería.

A fin de extremar las medidas de seguridad, la organización modificaba su ‘modus operandi’ de forma habitual. Cambiaban las vías de entrada de la mercancía falsificada así como las formas de pago y de distribución del género. Este dinamismo, además de dificultar la acción policial, denota gran sofisticación de la red criminal.