Según informó la Benemérita, la investigación se inició tras tener conocimiento de la situación de una menor tutelada que, después de abandonar un centro de protección en Gran Canaria, logró regresar a España desde Francia y relató que había sido captada para la prostitución mediante la promesa de un supuesto trabajo.

A partir de ese momento, los investigadores detectaron la existencia de otros casos similares de menores que abandonaban los centros sin su documentación personal y que, pocas horas después, aparecían vinculadas a vuelos con destino a distintos puntos de la Península.

Gracias a las pesquisas, los agentes constataron un patrón común de actuación por parte de la organización, la cual aprovechaba la situación de especial vulnerabilidad de las menores, muchas de ellas sin arraigo familiar en España, con barreras idiomáticas y con la intención de abandonar Canarias para trabajar o llegar a otros países europeos.

Bajo esa falsa apariencia de ayuda, les ofrecían una vía para salir de los centros, se les facilitaban documentos de identidad o de viaje no coincidentes con su verdadera identidad y se organizaban sus desplazamientos por vía aérea y terrestre.

Uno de los elementos clave de la investigación fue la detección de varios desplazamientos de menores desde el aeropuerto de Gran Canaria utilizando identidades falsas.

En algunos casos, los investigados acompañaban a las menores hasta los filtros de seguridad y controlaban el acceso a la zona restringida, lo que permitió a los agentes confirmar que las salidas no respondían a fugas aisladas, sino a una operativa organizada y repetida en el tiempo.

Con el desarrollo de la operación, la Guardia Civil logró liberar a dos víctimas y evitar la fuga de otras cuatro menores de edad, impidiendo que abandonaran las islas siguiendo el mismo procedimiento utilizado en casos anteriores.

El cierre de la investigación corrió a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con sede en Canarias de la Unidad Central Operativa (UCO) y por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, ambos pertenecientes a la Guardia Civil, practicándose un total de cinco entradas y registros en distintos puntos de Gran Canaria y procediéndose a la detención de cinco personas, una de ellas menor de edad.