Así lo comunicó el fabricante vasco mediante un hecho relevante en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde explicó que se trata de conclusiones de estudios independientes realizados en julio de 2025 y añadió que también han detectado que genera “un impacto positivo, de manera no discriminatoria, brindando acceso a servicios sociales básicos y proporcionando una infraestructura sostenible y ecológica”.

En la misma línea, destacó que los datos de movilidad disponibles confirman que los miembros de la comunidad árabe, que constituyen una parte significativa de los usuarios del tranvía, son los que lo utilizan con más frecuencia (más de la mitad de ellos lo utiliza tres o más veces a la semana), la gran mayoría de los cuales se sitúan en los niveles más altos de satisfacción con el servicio, de acuerdo con las encuestas de calidad elaboradas periódicamente por una agencia especializada.

Asimismo, aseguró que la sociedad a cargo de la operación y mantenimiento del sistema sigue “una estricta política de contratación inclusiva y no discriminatoria” y que cerca de un 25% de los empleados son árabes.

También valoró que adopta medidas específicas para evitar cualquier discriminación por razones étnicas, de nacionalidad, religiosas, o de otro tipo, asegurando que el sistema de transporte sea accesible a cualquier persona y que los letreros y señales sean plurilingües, incluyendo el idioma árabe y el hebreo.

Por ello, concluye que “los impactos positivos evidenciados, junto con la ausencia de impactos negativos materializados, respaldan la efectividad de la Diligencia Debida realizada hasta la fecha que, en cualquier caso, es monitoreada con carácter continuo”.

CAF reporta anualmente, en los Estados Anuales de Información No Financiera- Informes de Sostenibilidad, sobre las medidas de diligencia debida aplicadas a sus proyectos, con especial mención, en un apartado específico, a las referidas al Proyecto de Jerusalén.

Además, mantiene “su compromiso de actuar de acuerdo con los más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia, y de continuar realizando un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relativo a la ética y a los Derechos Humanos, así como del marco normativo en el que desarrolla su actividad”.

La empresa ganó la adjudicación de este proyecto en 2019 en consorcio con la constructora israelí Shapir. Organizaciones como amnistía Internacional denuncian que los 28 kilómetros de vía planeados conectan el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no es reconocida por Naciones Unidas ni por la Unión europea.

Asimismo, el Proyecto incluye la operación de ambas Líneas durante 15 años (extensibles a 25 años) y su mantenimiento durante 25 años, a través de otra sociedad participada igualmente al 50% por Shapir y CAF que comenzó su actividad en 2021.

La socia de CAF en el consorcio, la empresa israelí Shapir, está incluida en la lista que elabora Naciones Unidas con aquellas compañías que operan en los asentamientos ilegales israelíes con actividades que plantean “especial preocupación” por contribuir y beneficiarse de las violaciones de derechos humanos de la población palestina, listado en el que será incluida también CAF.

Según CAF, ese listado “no constituye ni pretende constituir un proceso judicial o cuasijudicial de ningún tipo, ni establece una calificación jurídica alguna de las actividades incluidas en la lista ni de la participación de las empresas en tales actividades””.