Según informaron a Servimedia fuentes de Caja Cataluña, la entidad de ahorro catalana dispone ya de todos los permisos y licencias administrativas necesarios para abrir su oficina financiera de representación en Andorra, y señalaron que esperan tener listas las instalaciones para abrirlas al público dentro de tres meses.

Esta operación de Caja Cataluña ha suscitado una férrea oposición por parte de las seis entidades financieras qu hasta ahora operaban en el Principado (Inter-Mora, Credit Andorra, Banca Cassany, Banca Reig, Banc de Credit Agricol y La Caixa), según han informado a esta agencia algunos de los industriales e inversores locales que se han asociado a la entidad catalana en el proyecto.

En su opinión, un dato que demuestra las presiones ejercidas por estas entidades sobre el Gobierno de Andorra es que tras la autorización administrativa concedida a Caja Cataluña para establecerse en esa plaza financiera, redactó y arobó en un plazo rápido una ley de medidas urgentes que prohíbe la creación de nuevas sociedades, y hace extensiva la limitación a las que estén en proceso de constitución.

Sin embargo, esta legislación, que a juicio de las fuentes consultadas por Servimedia estaba pensada para prohibir la entrada de la caja catalana, no han llegado a afectarla, debido a que el proceso de constitución de la nueva entidad, denominada Cataluña Financiera, ya estaba culminado en el momento de aprobar la ley.

Aunque lgunos responsables públicos de Andorra aseguran que la ley podría aplicarse con carácter retroactivo, la dirección de La Caja Cataluña señaló a esta agencia que seguirá adelante con su proyecto, en el que participa con un 33 por cien del capital, tope máximo impuesto por las actuales leyes financieras del Principado.

Además, advirtieron que una aplicación de la ley con carácter retroactivo tendría unas consecuencias extremadamente negativas para todas las partes implicadas en el contencioso, ya que pdría poner en peligro la "seguridad jurídica consustancial a toda plaza financiera".

La razón social de Cataluña Financiera será la realización y asesoramiento de inversiones, la prestación de servicios de crédito en el mercado hipotecario y la gestión de patrimonios, ya que la actual legislación andorrana le impide operar en todas las áreas de negocio de banca comercial con las que opera en el resto de la península.

El contencioso suscitado por la iniciativa de la caja catalana ha empezado a precupar seriamente a las autoridades andorranas, ya que se produce en un momento en el que, una vez aprobado su marco constitucional, va a empezar a negociar con España y Francia un nuevo tratado bilateral que la permita convertirse en una moderna plaza de negocios fuera de las exigencias fiscales y monetarias que rigen para los países comunitarios.